En el ocaso de una era del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso fundamental para desmontar uno de los casos más controvertidos y mediáticos de los últimos años: el Caso Wallace.

El pasado 11 de junio, la Primera Sala de la SCJN aprobó, por mayoría, la “inmediata y absoluta liberación” de Juana Hilda González Lomelí, una de las personas acusadas por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, al considerar que su testimonio, que es la base sobre la que se construyó todo el caso, fue obtenido mediante tortura.

Coincidentemente con este fallo y en la antesala de la renovación del jueces, magistrados y ministros como parte de la reforma al Poder Judicial, desde hace un par de meses circula en librerías Fabricación del periodista Ricardo Raphael. Le invito a quienes nos leen a que se sumerja en las poco más de 500 páginas que repasan minuciosamente, en un relato ágil y sin jurisprudencia; cada una de las piezas que conforman el rompecabezas de esta historia que surgió en 2005 y que veinte años después parece encontrar su forma final: “un duelo fabricado que se convirtió en un descarado circo mediático”.

Este libro se convierte en el lado B de la historia construida por la madre de Hugo Alberto. Desmenuza la complicidad que existió entre medios, políticos y el sistema de procuración de justicia con Isabel Miranda de Wallace, quien como por azares del destino recientemente presuntamente falleció (y digo presuntamente porque podría ser una creación más), y da voz a lo sucedido con Juana Hilda González, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, así como con sus familias.

El libro retrata lo que significa el Caso Wallace en un México donde la impunidad, el uso de la tortura como medio de investigación, la complicidad del poder político y la falta de recursos óptimos para el acceso a la justicia es la constante. Escribe Ricardo Raphael: “lo sucedido en este caso no tiene como única responsable a la señora Wallace”.

“Jamás habría sido tan excesiva en su crueldad sin la complicidad del periodismo sesgado, de los agentes del Ministerio Público y los policías corruptos, de los jueces que no supieron enfrentar la presión política, de los custodios que permitieron la tortura dentro de la prisión…”. Aquí es donde quiero enmarcar la reforma al Poder Judicial y por qué considero que no solucionará las cosas.

Primero, porque la propuesta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no toca al sistema. ¿Es necesaria una reforma al Poder Judicial? Sí, pero necesitamos una reforma que involucre a las fiscalías para garantizar que las Agencias del Ministerio Público realicen investigaciones adecuadas de los delitos y se garantice el debido proceso; al sistema penitenciario para evitar prácticas violatorias de derechos humanos dentro de las prisiones, y a las Policías como primeros respondientes que garanticen la seguridad ciudadana.

Segundo, porque en lo que respecta a jueces, magistrados y ministros, la reforma no propone un cambio significativo en la impartición de justicia y abre la puerta -como quedó en evidencia con los acordeones- a la politización-partidización de las personas aspirantes.

El Caso Wallace es reflejo de cómo el poder político coludido con intereses particulares puede someter al aparato de justicia y la elección permite que ese sometimiento o complicidad siga existiendo: si una persona desea tener más aspiraciones dentro del Poder Judicial no pesará su actuar, sino su cercanía con los partidos políticos. El camino, considero, sigue siendo una profesionalización de las personas impartidoras de justicia fortaleciendo la carrera judicial y los procesos de selección.

Tercero, porque nos hace falta comprender mejor la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Decidí acudir a las urnas y participar en la elección para vivir de primera mano el proceso. Un proceso que calificaría difícil porque, por un lado, como “ciudadano común” mi conocimiento sobre cómo funciona el sistema de justicia no es el suficiente para comprender las implicaciones que tienen cada uno de los cargos sometidos a elección y, por otro, el acceso a la información sobre las candidaturas mediante las herramientas propuestas por la autoridad electoral fue muy escaso para tener una valoración clara de los perfiles. Esta vía solo abre la oportunidad a votar al azar o respondiendo al acordeón político.

Mientras no haya una reforma integral al Poder Judicial que realmente garantice un acceso a la justicia pronta y expedita, la puerta para más fabricaciones como el Caso Wallace seguirá abierta.

Publicado originalmente en e-consulta.