Con el paso de las horas hemos ido dimensionando la magnitud del desastre ocasionado por las intensas lluvias de la semana pasada en los estados de Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Si bien el epicentro de la emergencia se ha puesto en Poza Rica, son cientos las comunidades afectadas en los más de 110 municipios donde se declaró situación de emergencia.

Hasta el momento, el Gobierno de México ha reportado 66 personas fallecidas, 15 de ellas en Puebla. Reportes en redes sociales y medios locales, como Radio Huayacocotla en la Sierra Norte de Veracruz, señalaban que había comunidades, principalmente en la sierra otomí-tepehua de Hidalgo y Veracruz, en las zonas más alejadas de los centros urbanos, que seguían incomunicadas por los deslaves de tierra que provocaron la desaparición de carreteras o el colapso de puentes, y que a su vez impedían que la ayuda llegara o que las personas heridas pudieran salir para recibir atención.

Al igual que ha ocurrido con los sismos, la devastación provocada por las lluvias está dejando en evidencia la respuesta lenta de los gobiernos locales y federal y la importancia de la organización comunitaria para responder a la emergencia. En estas horas y días, el acceso a la información será fundamental para el manejo de la crisis. Será de suma importancia que las autoridades den información oportuna sobre los trabajos de rescate, la atención a víctimas y la evolución de las condiciones climáticas que puedan complejizar el panorama.

Aunado a ello, vendrá, en un primer momento, el acopio de víveres para las zonas afectadas y su correspondiente distribución y, pasada la emergencia, todo el proceso de reconstrucción de viviendas e infraestructura pública como escuelas, clínicas y edificios gubernamentales para la prestación de servicios. Ahí viene un segundo momento para garantizar el acceso a la información.

Lamentablemente en nuestro país, en cada emergencia por algún fenómeno natural como un sismo o huracán, aparece la sombra de la corrupción, de la malversación de recursos o de la utilización de los programas de apoyo con fines distintos a los establecidos. Ante ello, la transparencia es fundamental para evitar que todo el apoyo recibido por los Gobiernos sea desviado para otros fines y que las obras de reconstrucción sirvan como espacios para el uso incorrecto de los recursos públicos o en beneficio de ciertas empresas constructoras.

Las circunstancias cambian, las tentaciones de la corrupción son las mismas. En 2017, a raíz de los sismos que vivimos en Puebla, proponía las siguientes acciones que hoy, en otro contexto, pueden ponerse en marcha:

-Transparentar los Centros de Acopio: Ante las decenas o cientos de toneladas de víveres que se recibirán en los diferentes espacios que abran los gobiernos (y también aplicaría a los privados), es fundamental que se abra a la ciudadanía la información de cuánto se recibió de cada producto; cuánto y a dónde se envió, así como la evidencia de que fueron entregados a las personas que se necesitan.

-Transparentar las cuentas bancarias: Si se llegan a aperturar cuentas para que la ciudadanía acuda a depositar apoyos económicos, es fundamental, al igual que con los Centros de Acopio, conocer cuánto se reunió y a dónde se aplicaron esos recursos.

-Procesos abiertos en las obras de reconstrucción: De cara a las obras que se realizarán tanto en edificios públicos como de apoyo a la ciudadanía, será clave que los gobiernos transparenten los procesos de licitación, los criterios de selección de las empresas constructoras, los montos destinados, y los materiales utilizados, así como la calidad de los mismos.

-Información en datos abiertos: Los gobiernos deben poner a disposición de los ciudadanos, en formatos abiertos y con herramientas digitales para su reutilización, información de interés público relacionada con protección civil y de los servicios de emergencia de cara a fenómenos naturales próximos. En este caso, pueden ser los mapas de riesgo por inundación.

En ocasiones anteriores el extinto Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) acompañó emergencias con mecanismos de transparencia proactiva que permitieron monitorear información de interés público.

Hoy, extinto el órgano garante autónomo, será el primer gran reto de los nuevos organismos encargados de transparentar la información, de dotarnos de certidumbre ante los procesos que vendrán. La transparencia será un elemento clave que permitirá la vigilancia ciudadana en los trabajos de apoyo y reconstrucción.

Publicado originalmente en e-consulta.