Hace unos días, el colega Erick Juárez, director Editorial del portal Educación Futura, compartió en sus redes sociales que el sitio web del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) había dejado de estar disponible.

En la captura de pantalla que acompañaba la publicación, aparecía el mensaje: “No se puede acceder a este sitio”. Fue inevitable intentar ingresar al portal y casi en automático revisar el sitio de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), institución que suplió, en su momento, al INEE. Ambo sitios están caídos.

Más allá de lo anecdótico, este hecho constituye una señal de alarma sobre el progresivo desmantelamiento de la memoria institucional en materia educativa en México.

El INEE, creado como organismo constitucional autónomo, tuvo la responsabilidad de evaluar de manera técnica e independiente el sistema educativo nacional. Sus diagnósticos y estudios fueron un referente para comprender el estado de la educación básica y media superior, y para participar en evaluaciones internacionales que situaban a México en el contexto global.

La información que generó no solo servía a la autoridad educativa, sino que alimentaba el trabajo de investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y tomadores de decisiones interesados en construir propuestas a partir de evidencia sólida. Para el 2019, el INEE fue extinto y sustituido por la MEJOREDU, un organismo descentralizado con autonomía técnica, cuya misión era dar continuidad a las tareas de evaluar el sistema educativo y de producir lineamientos, orientaciones y materiales de mejora educativa, entre otras. No obstante, su margen de acción fue menor y su vida institucional breve, en 2025 la autoridad educativa decidió cerrarla.

Con el cierre del archivo histórico digital de los portales del INEE y la MEJOREDU, se pierde acceso a reportes de investigación y de evaluación, lineamientos y orientaciones, materiales educativos, boletines, conferencias y bases de datos que constituían un acervo de gran valor para la comunidad educativa.

La supresión de este acervo digital no es una acción neutral ni un asunto meramente técnico, es político. Por un lado, los documentos que ahora son inaccesibles no solo cumplían una función informativa, sino que eran insumos para el debate académico, la formación docente y la generación de políticas sustentadas en evidencia. La ausencia de dichos recursos representa una merma significativa para la investigación educativa y, en consecuencia, para la comprensión crítica del sistema educativo nacional.

Por otro lado, eliminar de la esfera pública estos registros implica negar la posibilidad de acceder a fuentes de información que permitan contrastar, cuestionar y complementar la información oficial. Se trata de una postura política que reduce la pluralidad de miradas y debilita la autonomía en la generación de conocimiento. Con ello, el Estado concentra la facultad de definir qué cifras, diagnósticos y narrativas sobre la educación son visibles y válidas, lo cual restringe el ejercicio democrático de la crítica y la deliberación.

La tendencia a centralizar el conocimiento únicamente en las cifras oficiales es motivo de preocupación y cuestionamiento. En un sistema democrático, la diversidad de fuentes y la transparencia de la información son condiciones indispensables para garantizar el debate y la construcción de políticas educativas legítimas y viables.

Negar el acceso a estos materiales constituye una regresión que compromete no solo la memoria de lo educativo y de las instituciones y personas que han estado al servicio de la educación, sino también la posibilidad de ejercer un control total sobre las decisiones en materia de política pública, que apacigua los contrapesos.

No basta con reconocer la pérdida, es urgente que se restituyan los archivos y que se construyan mecanismos que garanticen su preservación. De lo contrario, la frase “No se puede acceder a este sitio” podría convertirse en la metáfora más precisa del estado actual de la política educativa en México.

Publicado originalmente en e-consulta.