En México, el abandono escolar en el nivel medio superior es un problema de larga data. Mucho antes del año 2000 ya existían señales de alerta: los jóvenes ingresaban al bachillerato, pero muchos no lo concluían. A pesar de esto, no fue sino hasta la Reforma Integral de la Educación Media Superior, implementada en 2008, y otras disposiciones de política educativa —como la obligatoriedad del nivel medio superior en 2012— cuando las autoridades comenzaron a tomar más en serio los retos de la educación media en el país.

La desafiliación escolar de los jóvenes no es un asunto menor. Tiene consecuencias importantes tanto para quienes abandonan sus estudios como para la sociedad en su conjunto. Para los jóvenes, implica menores posibilidades de acceder a empleos con salarios dignos, baja autoestima, menor participación ciudadana, reducción en sus oportunidades de desarrollo personal y menor probabilidad de continuar con estudios superiores. Para la sociedad, representa una pérdida de talento humano, incremento de la desigualdad, presión adicional sobre los programas sociales y, en algunos casos, una mayor exposición a fenómenos como la delincuencia y la informalidad laboral.

Durante muchos años, las explicaciones sobre el abandono escolar se centraron casi exclusivamente en las características individuales de los estudiantes. Se asumía que quienes vivían en condiciones socioeconómicas desfavorables, tenían familias disfuncionales o un bajo rendimiento académico eran los más propensos a dejar la escuela. Sin embargo, investigaciones más recientes han comenzado a cuestionar esa mirada. Hoy se reconoce que la escuela, como organización del Estado, también juega un papel decisivo. Es decir, existen factores internos a las propias instituciones educativas que pueden alentar o desalentar la permanencia de los estudiantes. A continuación, se mencionan.

Ha sido demostrado que el tipo de institución influye en la permanencia. La segmentación entre subsistemas y modalidades, sin mecanismos eficaces para garantizar calidad homogénea, genera desigualdad desde el ingreso y egreso de la EMS. Además, los procesos de admisión basados exclusivamente en exámenes favorecen a quienes tienen mayores recursos previos, mientras que los estudiantes con menos ventajas son canalizados a escuelas con menor prestigio y mayores tasas de abandono.

La ubicación geográfica de las escuelas también importa. Cuando el trayecto hacia ellas es largo, inseguro o costoso, muchos jóvenes optan por desertar. A esto se suma que, cuando la oferta cultural y deportiva de las instituciones suele ser escasa o poco relevante para los intereses de los jóvenes, el sentido de pertenencia e identificación con la escuela suele disminuir, lo que aumenta las posibilidades de que dejen la institución.

La gestión escolar, a través de la figura directiva y los mecanismos de seguimiento, también tiene impacto. Se ha observado que la satisfacción laboral del director y su capacidad para establecer relaciones positivas con el alumnado pueden marcar la diferencia. Asimismo, se ha confirmado que muchas escuelas carecen de estrategias institucionales para dar seguimiento a estudiantes en riesgo. Las acciones de retención suelen depender del esfuerzo individual del profesorado, sin apoyo sistemático ni institucional. Asimismo, la relación limitada entre la escuela y las familias debilita la red de apoyo necesaria para garantizar la permanencia.

Los reglamentos escolares pueden tener efectos contraproducentes. En algunas escuelas, su aplicación automatizada sanciona faltas sin contemplar las razones detrás, lo que puede llevar a reprobaciones injustas o bajas administrativas. Además, aunque la obligatoriedad del bachillerato buscaba ampliar el acceso, algunas instituciones han respondido flexibilizando los criterios de evaluación, lo que ha llevado a prácticas pedagógicas poco rigurosas y trayectorias escolares sin sentido para los estudiantes.

El papel docente tampoco puede ignorarse. Las condiciones laborales precarias —como contrataciones tardías, sobrecarga de grupos, falta de capacitación y escasos incentivos— afectan la posibilidad de brindar atención y acompañamiento adecuados. Esto repercute en su capacidad para involucrarse en el bienestar y progreso de los estudiantes. La sobrepoblación en los salones impide un seguimiento adecuado, y las prácticas docentes muchas veces no se adaptan a los contextos juveniles ni motivan el aprendizaje. De hecho, el desinterés estudiantil y la reprobación —dos de las principales causas de abandono— están más relacionados con fallas institucionales que con falta de capacidad de los jóvenes.

Por último, la ausencia de trabajo colegiado entre docentes impide la toma de decisiones académicas más equitativas y consistentes. Sin coordinación, las decisiones pedagógicas tienden a ser discrecionales, afectando directamente la trayectoria de los estudiantes.

Todo esto nos lleva a una conclusión, la interrupción de estudios en el bachillerato no es simplemente un problema de los jóvenes, sino una expresión de las fallas estructurales del sistema educativo y del Estado. No basta con señalar las carencias individuales, es urgente que las instituciones reconozcan su responsabilidad y actúen.

La escuela sí tiene un margen de acción. Mejorar su organización interna, fortalecer los vínculos con estudiantes y familias, ofrecer actividades significativas, revisar normativas injustas y dignificar la labor docente son pasos fundamentales. Atender el abandono escolar no es solo una tarea educativa: es un imperativo social.

Nota: el texto es resultado de la investigación Diferencias en la permanencia e interrupción de estudios en dos planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM). Una explicación desde el prestigio y la gestión educativa.

Publicado originalmente en Ambas Manos.