Hace más de un año, recién iniciada la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Alicia Bárcenas, declaraba ante la COP16 que, para combatir la violencia contra las personas defensoras del ambiente era necesario la colaboración con otras instancias de seguridad, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Investigación, y la coordinación directa con elementos de la Policía, Guardia Nacional, Ejército y Marina.

Ese mismo año, fueron asesinados los hermanos Jorge y Alberto Cortina en Perote, Veracruz, por elementos de la Policía Estatal.

¿Su crimen? Defender la Cuenca de Libres-Oriental y protestar por la degradación ambiental que generaba Granjas Carroll y la producción porcícola en El Limón Totalco.

El infortunio no terminó ahí, pues el padre de ambos falleció poco después por un infarto al recibir la noticia de la muerte de sus hijos.

El caso de los hermanos Cortina no es por nada un evento fortuito, sino más bien un ejemplo de las contradicciones en el discurso del Estado. Por un lado, aseguran un genuino interés por garantizar la protección de las personas defensoras, aparentemente articulando dependencias de gobierno como el Mecanismo de Protección Federal y los Estatales para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

O también mediante la ratificación y promoción de convenios internacionales, como el ‘Acuerdo de Escazú’, el cual busca afianzar las condiciones jurídicas mínimas necesarias para garantizar la protección de las y los defensores.

Pero, por otro lado, y según cifras del informe de 2024 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), las agresiones cometidas por distintas dependencias y niveles de gobierno van en aumento, siendo preocupante la implicación de los mismos agentes que Alicia Bárcenas busca emplear para “resguardar su seguridad”.

Basta con revisar las cifras de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional para vislumbrar aún más el panorama alarmante, pues 2024 fue el año con el mayor registro de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos de la GN desde su creación en 2019, alcanzando 286 denuncias contra 749 elementos.

Las fiscalías, gobiernos estatales, municipales y funcionarios de todos los niveles no se quedan atrás, con agresiones cada vez más recurrentes como actos de criminalización, estigmatización, hostigamiento y persecución política.

Apenas a inicios de noviembre, las declaraciones de la diputada de la Ciudad de México, Judith Vanegas, señalando al abogado y defensor de derechos humanos Carlos González como “enemigo histórico” del gobierno, evidenció las practicas que desde el Estado se efectúan para desestimar y criminalizar a los defensores de derechos humanos que refrendan su compromiso con los pueblos y la defensa del ambiente y territorio.

Esto se suma a un contexto de macrocriminalidad, en el que la violencia que ejercen algunos actores de gobierno no opera de manera individual, sino que, en ciertos casos, se ejecutan en contubernio con agentes del crimen organizado y el sector privado.

Claro que esta operación tripartita tiene un trasfondo en común, que se vincula a garantizar el desarrollo y construcción de megaproyectos, así como el acaparamiento de bienes naturales para el enriquecimiento de empresas privadas y gobiernos, poniendo en riesgo no solo el equilibrio ecológico, sino poblaciones y culturas estrechamente unidas al entorno que se defiende.

Entendiendo las contradicciones entre el discurso del Estado y los hechos que lo evidencian como un agresor recurrente contra las personas defensoras, vale la pena invitar a las instancias de gobierno, como la Semarnat, a que de manera complementaria a sus iniciativas para la defensa de personas defensoras del ambiente y territorio, realicen una evaluación introspectiva profunda de las dependencias de gobierno, y tal vez con ello evitar discordancias entre lo dicho y los hechos.

Publicado originalmente en MTP Noticias.