Me gusta caminar por las calles el centro histórico de la ciudad de Puebla, dependiendo de la estación, es posible apreciar cómo la vida cambia o permanece en algunas de las calles más transitadas. Desde la periferia hecha de casonas abandonadas que son las ruinas de una Puebla colonial y ocupada, que fragmentaba a la población indígena de la española, hasta el corazón, donde se impone la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, trazada (cuenta la leyenda) por los mismísimos ángeles.

Personas de todas las clases confluyen en el zócalo y hacia los alrededores, desde el payaso que brinda un espectáculo público, el poeta en shorts que reparte por doquier su arte a cualquiera que se lo permite, personas en situación de indigencia y otras más explotadas por redes de tráfico de personas; hasta los turistas de los rincones más lejanos que se embelesan con las burbujas, los globos, las palomas y los restaurantes de comida típica poblana (y no tan típica) que circundan y habitan en los arcos alrededor.

Todo está dado por sentado, así ocurre la vida cotidiana en gran parte del espacio público de nuestra ciudad… que rápidamente ha sucumbido a las inclemencias del consumo. En este marco, el espacio público como categoría de análisis se encuentra con la polisemia que en ocasiones interpela al Estado y otras tantas al colectivo que lo habita, que lo usa, que se apropia de él. El espacio público visto como ese lugar en donde la vida social y política se encuentra con el transeúnte, el agente o el sujeto, es un palimpsesto de intenciones, de intereses, de usos que responden a las necesidades de la persona que pisa ese suelo, o en este caso, del carro que se estaciona. En este contexto, desde 2023 (y tal vez antes), se han visto con mayor frecuencia parquímetros municipales, así como servicios de cobro de estacionamientos en las plazas públicas.

Esta transición del suelo común a la zona de cobro desdibuja la noción del espacio público como el lugar de la otredad. Según los principios que rigen la administración urbana, el espacio público debería ser el garante de la equidad; sin embargo, se ha convertido en un escenario de tensiones entre el derecho a la ciudad y la gestión recaudatoria. Cuando el Estado, prioriza la mercantilización del asfalto, fractura la cohesión social, convirtiendo el derecho a la permanencia en un privilegio transaccional.

La gratuidad del uso del espacio público no es una concesión administrativa, sino una extensión necesaria del uso del espacio vital. El cuerpo, al desplazarse y detenerse en la ciudad, requiere de una territorialidad que no esté mediada por el capital. Entender la calle como una continuación de nuestra esfera existencial implica que el acceso al suelo no puede estar condicionado por la capacidad de pago. La imposición de tarifas para existir en lo público es una forma de cercamiento moderno que confina la vida social a aquellos que pueden costear su estancia en el mundo (esto sin mencionar la crisis de transporte público de hace unos días).

Esta realidad colisiona frontalmente con el derecho a la movilidad reconocido en el artículo 4to constitucional y desarrollado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La movilidad no sólo es el traslado, sino la capacidad de acceder a bienes y servicios sin barreras económicas (físicas, culturales y hasta ambientales o de seguridad personal). Al privatizar el estacionamiento en plazas comerciales y calles, se crean aduanas internas que segregan la ciudad. Esta forma de gestión se volvió más visible desde las últimas administraciones, junto con la operadora Cargo Móvil S.A. de C.V. (Parkimóvil), quienes han priorizado un sistema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya señaló como irregular.

Los conflictos por el cobro indebido y el uso de inmovilizadores mecánicos, conocidos como “arañas”, representan una violación a la seguridad jurídica. La Acción de Inconstitucionalidad 22/2023 sentó un precedente claro sobre la invalidez de conceptos fiscales mal definidos en la Ley de Ingresos del Municipio. A pesar de ello, empresas y autoridades han persistido en prácticas recaudatorias, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión ante la falta de seguros reales contra robo y daños en los estacionamientos de plazas comerciales, donde el lucro es privado pero la responsabilidad se diluye.

Ante este panorama, es imperativo reconocer las propuestas como la iniciativa de febrero de 2026 en el Congreso, que busca reformar la Ley de Movilidad para garantizar al menos dos horas de gratuidad en plazas comerciales y servicios públicos. Esta supone un intento de  recuperación de la rectoría social sobre el espacio privado de uso público, lo cual, obliga a los establecimientos a asumir los riesgos de su actividad comercial sin trasladar el costo total al transeúnte.

Referencias documentales:

Congreso del Estado de Puebla. (2026). Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.

Honorable Ayuntamiento de Puebla. (2025). Gaceta Municipal: Lineamientos para la operación de Estacionamientos Rotativos.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2023). Sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2023.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2022). Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Diario Oficial de la Federación 

Publicado originalmente en MTP Noticias.