El estado económico de México se mantiene en la agenda pública con incertidumbre, contradicciones y afirmaciones poco alentadoras para el bolsillo de las y los mexicanos. Tanto aspectos internacionales —los aranceles impuestos por el gobierno norteamericano o las guerras— como nacionales han instado al Estado a generar estrategias que protejan la economía de la región.

Ante ello, el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla, ofreció en su conferencia Situación económica de México: balance y perspectivas un panorama completo de esta coyuntura, que evidencia la presión que hay sobre las finanzas, el sector energético y la seguridad en el país.

El académico señaló que, en el actual sexenio, el gasto público ha experimentado un crecimiento significativo. Los subsidios y las pensiones han permitido un aumento del 50% respecto a la administración anterior. “Los salarios le ganaron terreno a los ingresos que no son salariales en el PIB, lo cual es muy importante en un periodo tan corto”, explicó.

Aunque esto ha beneficiado a sectores vulnerables, también ha generado presiones fiscales se reflejan en un incremento del 23% de la deuda pública en términos reales desde 2018. Dicha presión se concentra en el sector energético, en las empresas nacionales PEMEX y CFE.

Actualmente, ambas paraestatales reúnen cerca del 40% de la deuda externa del sector público, equivalente a 84,000 millones de dólares. Pese a los apoyos, PEMEX solo cuenta con ingresos suficientes para cubrir el 28% de su deuda, pues ya ha recibido 1.7 billones de pesos en apoyos fiscales y condonaciones.

En lo anterior se suma la lenta transición energética: en 2024, apenas el 21% de la generación eléctrica provino de fuentes limpias. La producción petrolera también cayó en 230,000 barriles diarios respecto a 2018 y se señala una creciente dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, que representa el 68% del consumo nacional.

Otro aspecto importante en el estado económico de México es la seguridad, principalmente en dos aspectos: el aumento de responsabilidades y funciones de las Fuerzas Armadas, y el avance del crimen organizado, pues el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial de criminalidad y transacciones ilícitas. 

Si bien la militarización del país desata preocupaciones para el ejercicio de los derechos humanos, las libertades individuales y otros aspectos de la seguridad nacional, este aspecto también afecta la economía. A raíz de la ampliación de funciones de cuerpos militares, se aumentó 8.6 veces el presupuesto destinado al ejército con respecto al sexenio pasado. 

“Hoy [las Fuerzas Armadas] se encargan de la seguridad, de las aduanas, de transporte aéreo y de muchas otras cosas. Entonces, aquí se ve reflejado ese aumento enorme”, detalló. Asimismo, destacó el impacto de las transacciones económicas criminales como el mercado de gasolina, donde el 30% del producto es de procedencia ilícita.

El estancamiento económico prolongado, el bajo nivel de inversión pública y privada, y el fortalecimiento de las redes del crimen organizado mediante dinero ilícito, son los principales retos que el Dr. Cárdenas Sánchez identificó en su análisis. A su vez, expresó su preocupación por “este trípode entre un gobierno autoritario, con fuerzas armadas que están ahí detrás y con un crimen organizado que también tiene vínculos con la parte política”.