Pareciera que las políticas antiinmigrantes impulsadas durante el segundo período del Trump ismo, han cedido parcialmente en su virulencia; sin embargo, las imágenes de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como las muestras de resistencia por parte de algunos ciudadanos estadounidenses, permanecen aún en nuestra memoria y en nuestra conciencia.

La muerte de dos activistas, Alex Jeffrey Pretti y Renée Nicole Good, ocurrida en el contexto de protestas contra la presencia de ICE, se convirtió en uno de los múltiples factores que contribuyen, actualmente, en la caída de la popularidad de Donald Trump en ciertos sectores del electorado estadounidense.

Según el portal CNN en Español, una encuesta realizada en abril de 2026 sobre las preferencias electorales rumbo a las elecciones intermedias de noviembre del mismo año señala que el índice de aprobación presidencial ronda entre el 35% y el de desaprobación es de 63% al 16 de abril del 2026. Referido en este link.

Estadios seguros
Lo que parece evidente es que sectores que inicialmente brindaban su apoyo a Trump se han distanciado progresivamente, en parte debido a la crueldad en las políticas migratorias y en la ejecución de redadas donde miles de migrantes han sido tratados inhumanamente. Mientras tanto, los migrantes documentados e indocumentados en Estados Unidos continúan viviendo, bajo un temor constante, el ser detenidos y deportados.

Aunque la intensidad mediática de estas políticas ha disminuido y su visibilidad se ha desdibujado en los medios de comunicación, la realidad es que las deportaciones siguen ocurriendo de manera sistemática, muchas veces sin distinguir condiciones humanitarias o legales, sino atendiendo a perfiles marcados por la racialización: rostros morenos, cuerpos extranjeros, sujetos empobrecidos. Así, se configura una narrativa que reduce la migración a un problema que debe ser erradicado.

Es necesario reconocer que el proyecto migratorio de muchas personas ha sido abruptamente interrumpido por estas políticas. Para quienes emprendieron el camino en busca de mejores condiciones de vida, el llamado “sueño americano” ha quedado suspendido y, en no pocos casos, se ha transformado en una auténtica pesadilla. La separación de familias, la pérdida del empleo, la ruptura de vínculos afectivos y comunitarios, así como la imposibilidad de reconstruir un horizonte de vida digno, son algunas de las consecuencias más dolorosas de este contexto.

A partir de este panorama, surge la pregunta central que orienta el presente artículo: ¿qué ocurre cuando el derecho a soñar choca con un sistema diseñado para reprimir, castigar e incluso hasta aniquilar la movilidad humana?

Romper al migrante por dentro
Las migraciones no han sido ocasionadas solo por la búsqueda del bien material y la recompensa económica, sino han sido motivadas por una serie de factores qué, de una manera consciente o inconsciente, afectan las decisiones de los migrantes para emprender su trayecto como son: los factores estructurales.

Todos los factores su unen y dejan ver una realidad muy densa y problemática, aunque al entrevistar personas migrantes hablen de sus motivaciones solo como “el sueño americano” y querer vivir una mejor vida, la realidad es que las violencias estructurales arrastran a muchos a migrar. Pongo un ejemplo de cómo se conjugan todos estos factores al entrevistar a una familia migrante de Honduras: -salimos de Honduras para tener una mejor vida, cumplir el sueño americano-.

Pero al seguir dialogando, les preguntaba que, si veían la televisión y que programas veían, donde comprobaba que también hay algo introyectado en “American way of life” y ellos decían: -que tienen casas muy bonitas, buenos carros, buena comida, los trabajos, incluyendo los de jardinería y construcción, son bien pagados, hay buenas escuelas-.

Pero el diálogo siguió adelante y me contó de que eran campesinos en Honduras, que la tierra ya no había dado por sequía y no podía sostener a su familia; que se habían tenido que mover a San Pedro Sula, a una colonia pobre y popular, que allí se habían topado con las “maras”, que éstas querían reclutar a su hijo de 12 años y a su hija de 15 años se la querían llevar, por eso salieron huyendo y decidieron vender lo poco que tenían para buscar otra oportunidad en otra parte, pero ¿por qué no irse a España o Portugal?

Y ellos contestaron que lo que tenían más cercano, y lo había visto en la televisión, era Estados Unidos, por eso eligieron ese destino, y porque también alguien que conocían de lejos, que su vida había sido muy exitosa en Estados Unidos y tenían buena casa en su tierra natal.

Después de decidir su salida con todas sus dificultades, se encontraron en el camino otro tipo de adversidades, como son las diversas fronteras externalizadas y de control en la ruta migratoria, como pueden ser el Darién, el encuentro con las redes del crimen organizado, las violencias de algunas policías y agentes de gobierno, la falta de ayuda humanitaria en las rutas, como es actualmente, y los trayectos cada vez más hostiles, continúan quebrando, poco a poco, el interno de los migrantes y algunos se plantean en el camino regresar a sus lugares de origen.

Después de su salida y lo encontrado en el camino, llegar a la siguiente frontera de hostilidades en Estados Unidos, hacen que algunos, quienes han apostado por una mejor vida, se arrepientan, porque ahora no tienen ni si quiera lo poco que les quedaba en su lugar de origen y viven discriminados y amenazadas dentro de Estados Unidos e incluso dentro de México.

El proyecto migrante es atacado desde el interno de las personas para generar un trauma y desalentar el querer volver a recorrer la ruta migratoria, después de ser expulsados, detenidos, deportados, etc.

La dimensión subjetiva y emocional de la migración
La experiencia migratoria, atravesada por múltiples violencias y desgastes acumulados, genera en las personas un profundo impacto en su dimensión subjetiva y emocional. Este desgaste psicológico, muchas veces invisibilizado, se manifiesta en situaciones constantes de ansiedad, estrés y depresión que, al no ser atendidas de manera oportuna, pueden derivar en trastornos mentales más severos.

En algunos casos extremos, las personas migrantes terminan deambulando por las calles de un país extraño, desorientadas, perdiendo no solo el vínculo con sus familias, sino también la capacidad de reconstruir un mejor rumbo para sus vidas.

A este deterioro emocional se suma el desgaste físico. Las condiciones del tránsito migratorio —caracterizadas por la falta de alimentación adecuada, la exposición prolongada al sol, la deshidratación y la presencia de enfermedades no tratadas o mal atendidas— impactan de manera directa y contundente en la salud de las personas. El cuerpo se convierte, así, en el primer territorio donde se inscribe la violencia de la migración forzada.

El miedo constituye otra constante que atraviesa toda la experiencia migratoria, tanto en el trayecto como en las estancias temporales en los países de paso o destino.

Es un miedo que adopta múltiples formas: miedo a “la migra”, a las policías corruptas que extorsionan y destruyen documentos de identidad o despojan a las personas del poco dinero que llevan consigo; miedo a la deportación, que implica la pérdida no solo del proyecto migratorio, sino también de los recursos económicos y energía corporal y psíquica, invertidos en el intento de llegar a su destino. Este cúmulo de experiencias produce una profunda frustración, una sensación de derrota que cala en lo más íntimo de la persona.

Para quienes migran en soledad, dejando atrás a sus familias, el miedo se convierte en una experiencia compartida, aunque a la distancia. Tanto quienes parten como quienes se quedan viven en una constante incertidumbre, alimentada por las noticias de secuestros, desapariciones y asesinatos de migrantes a manos del crimen organizado o las condiciones geográficas o climáticas, por donde los han obligado a pasar. La distancia no protege: el dolor y el temor atraviesan fronteras.

Sin embargo, en medio de este escenario, emerge una narrativa dominante que responsabiliza a las propias personas migrantes de su condición de vulnerabilidad, como si la “fractura” de sus subjetividades fuera resultado exclusivo de sus decisiones individuales.

Esta mirada omite deliberadamente las causas estructurales que empujan a la migración: los bajos salarios, la precariedad educativa, la falta de oportunidades, la expansión del crimen organizado, la corrupción institucional y los efectos crecientes del cambio climático. Estas condiciones configuran un entorno donde el miedo no es excepcional, sino cotidiano.

De este modo, las causas profundas de la migración suelen ser poco denunciadas o, en el mejor de los casos, escasamente problematizadas. En cambio, se privilegia una narrativa que simplifica y criminaliza la movilidad humana. Frente a ello, resulta urgente recuperar la dimensión humana de la migración, reconocer el sufrimiento que implica y cuestionar las estructuras que lo producen y lo sostienen.

La vida en la sombra
Para muchas personas migrantes, el hecho de permanecer sin documentos en los países de destino —ya sean estos definitivos, temporales o de tránsito— implica quedar atrapadas en una existencia marcada por la precariedad y la invisibilidad. La irregularidad migratoria limita de manera estructural el acceso a empleos dignamente remunerados, a derechos laborales básicos y a cualquier forma de reconocimiento legal. Así, se ven obligadas a trabajar, estudiar, amar y construir vida en condiciones de clandestinidad, habitando permanentemente “en la sombra” de la sociedad que, al mismo tiempo, se beneficia y explota su presencia.

En este contexto, resulta pertinente hablar de una violencia estructural que, por su carácter cotidiano y normalizado, pareciera invisible. Se trata de una violencia que rara vez es objeto de análisis profundo y que, con frecuencia, es ignorada o minimizada por los medios de comunicación y algunos análisis académicos. Esta violencia no comienza en el país de destino, sino que se origina en una cadena de exclusiones, desigualdades y violaciones a los derechos humanos que empujan a las personas a migrar. Es, en esencia, una estructura que expulsa, pero que también recibe bajo condiciones de subordinación y explotación.

La deshumanización, en este sentido, se vuelve una experiencia constante que va erosionando el interior de las personas migrantes. Se instala, poco a poco, como una forma de desgaste emocional que puede derivar en un sentimiento de vergüenza por la propia condición migrante. Son señalados por los grupos establecidos, convertidos en chivos expiatorios de múltiples problemáticas sociales: se les responsabiliza de la inseguridad, de los robos, de la violencia, de los “males” que aquejan a la sociedad de acogida. Sin embargo, esta carga simbólica se les impone mientras permanecen invisibles, subordinados, viviendo bajo la sombra de otros, convirtiendo el sueño americano en una pesadilla.

Mecanismos de castigo y control social
En este escenario, la indocumentación y la irregularidad migratoria operan como dispositivos de castigo público y control social. Funcionan como una forma de escarnio que facilita la explotación laboral: salarios por debajo de los estándares legales, jornadas extenuantes, ausencia de prestaciones y condiciones laborales abusivas. Las empresas y distintos actores económicos encuentran en esta vulnerabilidad una oportunidad para maximizar ganancias, manteniendo a las personas migrantes en un estado de dependencia y sometimiento, con la amenaza de ser reportados a migración. Se trata de un mecanismo de control permanente que reduce al migrante a su fuerza de trabajo, hasta que deja de ser útil para el sistema y puede ser fácilmente descartado.

De este modo, el sistema migratorio no solo está diseñado para regular y contener los flujos de personas, sino también para disciplinar cuerpos y subjetividades. Es un sistema que, en muchos casos, erosiona la dignidad humana, desgasta la identidad y profundiza las heridas ya abiertas por el trayecto migratorio. Aquellos que han atravesado múltiples violencias en su camino —y que, aun así, han decidido desafiar las fronteras— se encuentran con un nuevo entramado de exclusión que no solo limita sus posibilidades de vida, sino que busca, de manera sistemática, despojarles de lo poco que les queda: su dignidad.

La dureza de las políticas migratorias como mecanismo de control
La dureza de las políticas migratorias no es un fenómeno neutro ni meramente administrativo, y mucho menos un dispositivo orientado exclusivamente a la ayuda humanitaria; constituye, en realidad, un mecanismo de regulación profundamente político que delimita quién es considerado digno de pertenecer a una comunidad nacional y quién queda excluido de ella. Estas políticas establecen criterios tanto explícitos como implícitos para definir quién puede aspirar a la ciudadanía en un Estado distinto al de origen, al tiempo que trazan fronteras simbólicas y materiales que separan a los “legítimos” de los “indeseables”. Generalmente, quienes son considerados “legítimos” responden a ciertos perfiles privilegiados: personas con educación superior, con capital económico, frecuentemente racializadas como personas blancas y con mayor capacidad de inserción en el sistema productivo. En contraste, los “indeseables” suelen ser personas empobrecidas, morenas, con limitadas oportunidades educativas y económicas, es decir, aquellos sujetos históricamente colocados en posiciones de desventaja estructural.

En este proceso de clasificación, no solo se decide sobre el acceso a derechos, oportunidades y reconocimiento —que, en un horizonte normativo, deberían ser garantizados a toda persona—, sino que, en muchos casos, se construyen condiciones deliberadas de precarización. Esta precarización no es accidental: al situar a las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad, se facilita su explotación laboral y su sometimiento a diversas formas de control. De este modo, las políticas migratorias no solo marginan, sino que producen sujetos funcionales a un sistema que requiere mano de obra barata y desprotegida.

Así, las personas migrantes son colocadas al margen del sistema, expuestas a contextos donde su supervivencia misma puede verse comprometida. Las condiciones de detención, deportación, expulsión o abandono en rutas inseguras no solo vulneran sus derechos, sino que, en ocasiones, las colocan en escenarios donde la vida y la muerte se convierten en una consecuencia directa de decisiones políticas. De este modo, la severidad de estas políticas se transforma en una tecnología de control que no solo regula el movimiento de las personas, sino que también produce jerarquías de vida y muerte dentro del orden global contemporáneo.

Sin embargo, esta lógica no es exclusiva del ámbito migratorio. Responde a una estructura más amplia de poder en la que se decide quién puede vivir, en qué condiciones y quién puede ser desechado. Las políticas migratorias, en este sentido, son una expresión concreta de un orden que distribuye de manera desigual la dignidad, la protección y el derecho a la vida misma, revelando así las profundas asimetrías que sostienen el sistema contemporáneo.

El Estado como productor de precariedad
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, así como en muchos de los países por donde transitan las personas migrantes extranjeras —entre ellos México—, configura un panorama caracterizado por una creciente lógica de control, exclusión y castigo, en la mayoría de los casos. En algunos Estados, la migración es considerada únicamente una falta administrativa, como es nuestro país; sin embargo, en el caso de Estados Unidos, se trata de un delito que puede implicar prisión y sanciones adicionales, como la prohibición de reingreso durante un periodo de hasta diez años.

En las últimas décadas, este proceso se ha materializado en la intensificación de la militarización de la frontera y en la externalización de los controles migratorios más allá de los límites territoriales tradicionales entre México y Estados Unidos. La presencia de fuerzas de seguridad, la construcción de muros, el uso de tecnologías de vigilancia y la implementación de operativos constantes han transformado el espacio fronterizo físico y externalizado, en una zona de contención que se aproxima a una lógica casi bélica.

A ello se suman las detenciones prolongadas en centros migratorios, frecuentemente denunciados por sus condiciones infrahumanas: escasez de alimentos, hacinamiento y temperaturas extremadamente bajas en instalaciones conocidas como “hieleras”, donde descansar se vuelve prácticamente imposible. Estas condiciones, ya de por sí precarias, se agravan con prácticas como las deportaciones exprés, que reducen significativamente las posibilidades de acceso a una defensa legal adecuada. En algunos casos, incluso, se han documentado estrategias de desorientación y disuasión, como el traslado constante de las personas detenidas entre distintos centros en periodos muy cortos, generando lo que podría denominarse una forma de “desaparición administrativa” temporal.

Esta configuración responde a una lógica profundamente punitiva en la que migrar deja de ser entendido como un derecho humano —vinculado a la búsqueda de mejores condiciones de vida— para convertirse en un acto criminal sujeto a sanción. Bajo esta perspectiva, la movilidad humana es sistemáticamente criminalizada, y quienes desafían estas barreras son tratados como amenazas a la seguridad nacional, más que como sujetos de derecho. En esta misma lógica, quienes acompañan y defienden a las personas migrantes también suelen ser estigmatizados, criminalizados o sancionados, a pesar de ejercer labores humanitarias fundamentales en la ruta.

El impacto de estas políticas es particularmente profundo en las comunidades mexicanas, uno de los grupos más afectados, aunque no de manera homogénea. Se configura así una narrativa diferenciada: por un lado, los “buenos migrantes”, aquellos que envían remesas o que han sido deportados y reinsertados; por otro, los “malos migrantes”, generalmente extranjeros, a quienes se persigue por insistir en su intento de cruzar nuestro país y tratar de llegar al norte. Esta clasificación refuerza estigmas y fragmenta la percepción social sobre la migración.

Entre las consecuencias más visibles que quiebran el proyecto migratorio, se encuentra la separación sistemática de familias, así como la situación de miles de niños y niñas ciudadanos estadounidenses cuyos padres han sido deportados. Esto genera profundas fracturas emocionales, económicas y sociales de largo plazo, produciendo traumas que, en muchos casos, se internalizan como una forma de culpa o castigo por haber migrado. Estas dinámicas no solo afectan a individuos, sino que erosionan el tejido comunitario en ambos lados de la frontera.

Asimismo, las políticas migratorias contribuyen a normalizar diversas formas de violencia institucional: desde el uso desproporcionado de la fuerza hasta la deshumanización sistemática de las personas migrantes y de quienes las acompañan. De manera paralela, refuerzan formas de racismo institucional, al impactar de manera desproporcionada a poblaciones racializadas, particularmente latinoamericanas, consolidando jerarquías y estigmas dentro del orden social.

Finalmente, se hace evidente la estrecha relación entre la noción de seguridad nacional —en detrimento de una perspectiva de seguridad humana— y los procesos de exclusión social. Bajo el argumento de proteger las fronteras, se legitiman prácticas que marginan, invisibilizan y vulnerabilizan a amplios sectores de la población migrante, llegando incluso, en algunos casos, a situaciones donde se les priva de la vida. Basta recordar el caso de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde, durante un incendio, murieron 40 migrantes que se encontraban detenidos y que fueron asegurados bajo llave, prácticamente encarcelados y así murieron asesinados, por un sistema que los castigaba encerrándolos sin agua y comida. Este hecho que sigue marcado por la impunidad, sin que los responsables de diversos niveles hayan sido juzgados y si los han juzgado, los han absuelto teniendo mucha responsabilidad en el acto.

De este modo, la seguridad se convierte en un dispositivo que no solo regula el territorio, sino que redefine quién pertenece y quién queda excluido, profundizando desigualdades estructurales en el contexto global contemporáneo. No se trata, por tanto, de fallas aisladas del sistema, sino de un diseño político deliberado, profundamente inhumano y, en muchos sentidos, despiadado.

Ante el más oscuro panorama, la resistencia como esperanza
Podría parecer que todo está perdido, que no hay otra opción más que aceptar aquello que el sistema impone. Sin embargo, incluso en los sistemas más duros y aparentemente inquebrantables, surgen fisuras con el paso del tiempo y el uso constante. Basta observar cómo, en medio de estructuras de concreto o asfalto, la vida encuentra una forma para abrirse paso: una pequeña flor que emerge, una rama que brota, una semilla que germina en medio del edificio o la carretera de concreto o asfalto. A estas expresiones de vida que irrumpen donde parecía no haber posibilidad, las llamo resistencias esperanzadas.

Las resistencias esperanzadas se manifiestan en múltiples formas dentro de la experiencia migrante. Se hacen visibles cuando una persona migrante logra regularizar su situación, a pesar de las condiciones precarias que enfrentaba; cuando, en medio de la adversidad, se recupera un sentido de dignidad y fortaleza; o cuando sectores de la propia sociedad de acogida —incluyendo grupos de personas blancas y establecidas en Estados Unidos, así como diversas comunidades religiosas— deciden alzar la voz ante la crudeza de las políticas migratorias. Frente a un sistema que reprime, encarcela e incluso provoca la muerte, estas personas han salido a las calles, han protestado y se han posicionado políticamente en defensa de quienes son detenidos, perseguidos o viven bajo el miedo constante.

Se trata, sin duda, de una lucha larga, compleja y, en muchas ocasiones, desgastante. Sin embargo, es precisamente en estas resistencias donde se siembran las posibilidades de transformación. Aunque los avances puedan parecer mínimos o lentos, constituyen pasos fundamentales hacia la construcción de políticas públicas más justas, donde la dignidad de las personas migrantes no sea una excepción, sino el eje central. En estas grietas del sistema, en estas pequeñas victorias, habita la esperanza que hace posible imaginar y construir un mundo distinto.

Dignidad y agencia del migrante
Resistir no siempre implica marchar, salir a la calle o encabezar grandes procesos políticos. Muchas veces, resistir es permanecer. Es encontrar los mecanismos que, en medio de la adversidad, permitan no huir de la realidad, aunque si se hiciere, sería otra forma de resistir también. De ahí la importancia de las espiritualidades como fuente de fortaleza para una lucha de largo aliento: ofrecen sentido, horizontes y anclajes que permiten no quebrarse ante la dureza del camino. Sin embargo, estas espiritualidades deben situarse más allá del control, de la represión, del miedo, de la norma impuesta y de la lógica de la muerte; de lo contrario, correrían el riesgo de reproducir el mismo sistema que se busca transformar.

Las resistencias esperanzadas se concretan, en gran medida, en formas de inteligencia colectiva que se expresan en redes comunitarias de protección. En ellas participan múltiples actores que, desde lo cotidiano, han ideado estrategias para alertar sobre operativos migratorios: el uso de silbatos, altavoces o mensajes comunitarios, así como la disposición de poner el cuerpo para frenar detenciones o proteger a quienes están en riesgo.

En este entramado, destacan también las acciones de iglesias, organizaciones civiles y universidades que se articulan para defender la vida, alzar la voz y asumir un compromiso activo frente a las violencias que afectan a las personas migrantes. Existen comunidades religiosas que interpelan, incluso, a miembros de sus propias congregaciones que colaboran con instancias migratorias; pastores, sacerdotes y religiosas que protestan en espacios públicos, incluso dentro de edificios gubernamentales, y que enfrentan detenciones por ejercer una desobediencia civil fundada en su convicción de estar del lado correcto de la historia.

Atención psicoemocional
Asimismo, diversas organizaciones civiles han desarrollado nuevas formas de acompañamiento para quienes permanecen tras la deportación de algún familiar: apoyan en la recuperación de bienes, en la reorganización de la vida cotidiana y en la atención psicoemocional ante la pérdida y el desarraigo. A nivel comunitario, emergen también estrategias de cuidado colectivo: redes vecinales que se organizan para comprar alimentos, llevar a niñas y niños a la escuela, cargar gasolina o realizar trámites básicos, evitando así que las personas migrantes —documentadas o no— se expongan a ser detenidas.

Las resistencias esperanzadas no deben entenderse como un optimismo ingenuo ni como una visión idealizada de que todo se resolverá de manera espontánea. Son, ante todo, un acto político, una decisión ética y una forma de acción consciente frente al sufrimiento del otro. Implican negarse colectivamente a la barbarie y al silencio. En este proceso, resulta fundamental recuperar la voz de las propias personas migrantes, reconocerlas como sujetos históricos con agencia y capacidad de decisión, y no únicamente como víctimas pasivas. Solo así se puede evitar caer en formas de paternalismo que, aunque bien intencionadas, también limitan su autonomía.

Las grietas del sistema existen, incluso en los contextos más hostiles, y pueden convertirse en espacios de transformación cuando son habitadas desde abajo. Acciones aparentemente simples, como el uso de silbatos, han permitido que muchas personas migrantes se resguarden a tiempo, eviten redadas o se articulen colectivamente para defender a quienes se encuentran acorralados.

Sin embargo, es importante no idealizar estas resistencias sin reconocer la crudeza de la realidad que enfrentan. La vida migrante sigue atravesada por profundas violencias y precariedades. Aun así, afirmar que “no todo está perdido” no es un acto de ingenuidad, sino una postura política: existen posibilidades reales de resistencia, de dignidad y de vida, incluso en medio de los escenarios más adversos.

Con horizonte abierto y crítico
Reconocemos que, a mayor criminalización de la migración, mayor es también el riesgo de perder la vida. Sin embargo, ante el aumento del riesgo y la pérdida, emergen con fuerza la creatividad y las resistencias esperanzadas. El mundo migrante no se resigna ni se ajusta pasivamente a la realidad impuesta; por el contrario, se mantiene en constante búsqueda de humanidad y justicia, reinventando formas de existir incluso en condiciones adversas.

Migración a Estados Unidos
Las rutas migratorias cambian, se transforman y se adaptan a los dispositivos de control; sin embargo, los sueños persisten. Mientras las causas estructurales de la migración no sean atendidas, esta seguirá siendo parte de la historia de la humanidad. En este escenario, el papel de México resulta fundamental: puede actuar como un brazo más del poder hegemónico del norte, contribuyendo a controlar y desalentar la migración, o bien puede asumir una postura más congruente con una tradición hospitalaria, reconociendo en el otro a alguien que, en el fondo, comparte nuestra propia historia. No debe olvidarse que, en algún momento, muchas familias mexicanas también han sido migrantes, también han sido extranjeras. México tiene el potencial —como lo han intentado otros países, entre ellos España en ciertos momentos— de integrar a las personas migrantes en su tejido social de manera digna y justa.

Urge, por tanto, humanizar el debate migratorio. Se trata de personas con historias, con aciertos y desaciertos, como cualquier otro ser humano, que buscan vivir de manera más plena y armónica. Es necesario escuchar esas historias que incomodan, que duelen, que confrontan, incluso aquellas que no siempre queremos mirar. Porque lo que son “ellos” no es ajeno a lo que somos “nosotros”; se trata, más bien, de un nosotros ampliado, incluyente, donde la alteridad no excluye, sino que interpela y enriquece.

Mientras persistan las desigualdades estructurales, migrar seguirá siendo una forma de resistencia frente a las condiciones adversas que a muchos les ha tocado enfrentar. Migrar es, en este sentido, un ejercicio de dignidad: la búsqueda legítima de nuevos espacios donde desarrollarse, vivir con mayor tranquilidad y aspirar a una vida mejor. Así, la migración no solo es un fenómeno social, sino también una forma de vida y de lucha que ha moldeado históricamente aquello que hoy somos como sociedad.

Publicado originalmente en Ángulo 7.