A partir de datos de la Secretaría de Economía, México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 52 países, 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 31 países o regiones administrativas y nueve acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Los esfuerzos iniciados a mediados de los años ochenta permitieron concretar acuerdos complejos, como el Acuerdo de Asociación Económica con Japón, que implicó superar diferencias culturales, normativas sanitarias y la tradicional protección japonesa a su sector agrícola. Asimismo, México se convirtió en el primer país de América Latina en firmar un acuerdo con la Unión Europea.

Sin embargo, pese a esta diversidad de socios y al amplio alcance geográfico de los acuerdos, cerca del 80% del intercambio comercial mexicano continúa concentrado en Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país por segunda ocasión obliga a México a aprovechar mejor sus acuerdos comerciales existentes.

Como es bien sabido, una de las estrategias más recurrentes de Trump ha sido la amenaza y aplicación de aranceles como mecanismo de presión, incluso contra sus principales socios comerciales, México y Canadá. Estas medidas han generado distorsiones en las cadenas de suministro, incremento de costos y un clima de incertidumbre global.

Ante este contexto, México y la Unión Europea aceleraron las negociaciones iniciadas en 2018 para modernizar el Acuerdo Global firmado en 2000. Desde su origen, dicho acuerdo representó una innovación al construirse sobre tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación. Además de establecer mecanismos comerciales, incluyó fondos de cooperación y asistencia técnica para capacitar empresas mexicanas.

En materia política, el acuerdo incorporó una cláusula democrática orientada a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, bajo el principio de que las políticas internas e internacionales de las partes deben inspirarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, para muchos esta cláusula ha quedado en letra muerta, ya que nunca ha sido aplicada de manera efectiva. Incluso en 2014, cuando un grupo de diputados del Parlamento Europeo intentó invocar este mecanismo para presionar al gobierno mexicano tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el mecanismo no prosperó. En la práctica, continúan prevaleciendo la negociación política y los canales diplomáticos tradicionales sobre los mecanismos formales de sanción o presión contemplados en los acuerdos.

La modernización de los acuerdos comerciales resulta necesaria ante los cambios derivados del avance tecnológico y la regulación del comercio digital. En el caso del tratado con la Unión Europea, la urgencia por concretar la actualización permitió superar obstáculos importantes relacionados con licitaciones públicas, denominaciones de origen y acceso de productos agrícolas al mercado europeo.

Además, el proceso europeo presenta una complejidad adicional: aunque la negociación comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea, la ratificación requiere la aprobación de los 27 Estados miembros. Sin embargo, para agilizar la entrada en vigor del nuevo acuerdo, se planteó un Acuerdo Comercial Interino que solo requiere la aprobación del Senado mexicano y del Parlamento Europeo para implementar aspectos como desgravación arancelaria, reglas de origen y comercio digital.

En contraste, la renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá se presenta más complicada. Desde el inicio surgieron señales negativas, como la insistencia del gobierno de Trump por mantener la imposición de aranceles mientras persista un déficit comercial con México y Canadá. Otro mensaje se generó al iniciar la primera ronda de negociaciones ya que Jamieson Greer, representante comercial estadounidense había confirmado estaría al frente del equipo negociador de Estados Unidos e incluso se había pactado una reunión con la presidenta Sheinbaum, pero canceló de último momento. Pero lo más grave radica en la decisión de Estados Unidos de negociar por separado con México y Canadá, debilitando el carácter trilateral del acuerdo.

En un entorno internacional incierto e incluso caótico, el respeto a las reglas consensuadas y a los acuerdos multilaterales sigue siendo una referencia fundamental. Por ello, la diplomacia mexicana debe mantenerse firme en la defensa de estos principios; una postura que no solo otorgaría certidumbre, sino que sentaría las bases para una auténtica diversificación comercial que reduzca la dependencia histórica frente a Estados Unidos.

Publicado originalmente en Ambas Manos.