Fin de ciclo escolar ¿qué aprendieron realmente nuestros estudiantes? La...
Autoría: Erick Ramírez Medina
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Estamos en días de cierre de ciclo escolar, ceremonias de graduación, entrega de boletas y fotografías con toga y birrete. Cerca de 24 millones de estudiantes de educación básica concluyen un nuevo ciclo escolar y, como cada año, celebramos que avanzan al siguiente grado. Sin embargo, en medio de los festejos hay una pregunta incómoda que rara vez se plantea: ¿qué tanto aprendieron realmente?
La educación no avanza cuando un estudiante aprueba un grado, sino cuando logra desarrollar los conocimientos y habilidades previstos en el currículo. Y justamente ahí aparece uno de los mayores vacíos del sistema educativo mexicano: sabemos cuántos alumnos se inscribieron, cuántos permanecieron en la escuela e incluso cuántos fueron promovidos, pero sabemos muy poco sobre cuánto y qué aprendieron efectivamente.
Las boletas de calificaciones no responden esa pregunta. Un número, una letra o una observación descriptiva son el resultado de un proceso de evaluación realizado por cada docente, pero no constituyen, por sí mismos, evidencia suficiente para conocer el nivel de aprendizaje alcanzado por cada uno de los millones de estudiantes. Tampoco permiten responder cuánto aprendieron quienes obtuvieron una calificación aprobatoria ni cuánto dejaron de aprender quienes también fueron promovidos al siguiente grado.
En cualquier política pública, la rendición de cuentas implica informar no sólo cuánto se hizo, sino qué resultados se obtuvieron. En educación esto debería traducirse en una pregunta sencilla: ¿qué porcentaje de los aprendizajes previstos en los programas de estudio lograron los estudiantes al concluir el ciclo escolar? Sorprendentemente, esa información prácticamente no existe de manera pública y sistemática y aún así, la siguiente pregunta sería ¿qué va a suceder con los aprendizajes no logrados?
Paradójicamente, conocemos mejor el estado de los aprendizajes gracias a evaluaciones internacionales que mediante nuestros propios mecanismos nacionales. Desde hace más de dos décadas, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) muestran una constante preocupante: Los resultados evidencian que la mayoría de los adolescentes mexicanos se mantiene en los niveles más bajos de desempeño en lectura, matemáticas y ciencias, y que son excepcionalmente pocos quienes alcanzan los niveles de excelencia. Los resultados de 2022 confirmaron nuevamente esa realidad. En matemáticas, el 66% de los estudiantes se ubica en el nivel más bajo de desempeño, mientras que en lectura y ciencias los porcentajes de este mismo nivel son del 47% y 51%, respectivamente. Es alarmante observar que la proporción de estudiantes que alcanzan niveles de competencia destacados (niveles 5-6 de 6) es prácticamente nula en las tres áreas, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer las competencias fundamentales y cerrar las brechas de aprendizaje existentes
Estos resultados no deberían verse como una descalificación al trabajo de las escuelas o de los docentes. Lo que sí evidencian es algo más profundo: existe una brecha persistente entre los aprendizajes que el currículo espera y los aprendizajes que efectivamente logran los estudiantes. Y no contamos con verdaderos mecanismos de rendición de cuentas para conocer qué y cuantos aprendizajes se lograron y no se lograron y que haremos con ello, en otras palabras, dimensionar el tamaño de la brecha.
Esa brecha debería ser el principal objeto de análisis del sistema educativo. Sin embargo, con frecuencia el debate público se concentra en asuntos administrativos: las formas de evaluación, las escalas de calificación, los criterios de acreditación o los mecanismos de promoción escolar. Todos esos temas son importantes, pero ninguno responde la pregunta esencial: ¿aprendieron lo esperado o no aprendieron?
Se discute sobre el contenido de los libros de texto gratuitos, pero no se discute si se estudiaron los libros en su totalidad y si fueron eficaces para el aprendizaje. La escuela puede demostrar que impartió clases durante doscientos días, que cubrió los contenidos previstos y que entregó boletas al finalizar el ciclo. Lo que resulta mucho más difícil demostrar es que esos procesos se tradujeron en aprendizajes sólidos y duraderos. La diferencia entre cumplir actividades y lograr aprendizajes no es menor; es, en realidad, la diferencia entre administrar un sistema escolar y garantizar el derecho a la educación.
Si aceptamos que la finalidad de la escuela es que los estudiantes aprendan, entonces la rendición de cuentas no puede limitarse a informar tasas de cobertura, permanencia o eficiencia terminal. Es indispensable conocer con mayor precisión qué aprendieron y que saben hacer lo aprendido. No solo que memorizaron o si pudieron superar un examen de conocimientos. Sin esa información es imposible tomar decisiones pedagógicas oportunas y mejorar las políticas educativas.
Esto no significa volver a una educación centrada exclusivamente en los exámenes estandarizados. No se trata de evaluaciones sumativas reflejadas en un examen, al contrario, se trata de evaluaciones formativas que permiten a todos los involucrados en la educación (estudiantes, docentes, familias, autoridades, etc) conocer el avance gradual de lo que el estudiantado aprende y lo que sabe hacer con lo que sabe.
Mientras no exista una cultura sólida de evaluación y rendición de cuentas sobre los aprendizajes, seguiremos confundiendo promoción escolar con aprendizaje, permanencia con éxito educativo y entrega de boletas con evidencia de logro.
En este cierre de ciclo escolar volveremos a ver celebraciones de graduaciones en todo el país, entregar boletas y reconocer el esfuerzo de estudiantes y docentes. Pero, una vez terminados los aplausos, convendría formular la pregunta que debería orientar toda política educativa: ¿qué aprendieron realmente nuestros estudiantes? Porque el éxito de un sistema educativo no se demuestra por el número de alumnos que pasan al siguiente grado o los certificados que entrega, sino por su capacidad para garantizar que cada generación aprenda lo que tiene derecho a aprender.