“Lesvy Berlín Rivera Osorio, ése es su nombre correcto, hija de padre guatemalteco y madre mexicana, estudiante del CCH sur, sí era universitaria, políglota por gusto propio, lectora empedernida y amante de la música […] A Berlín le arrancaron la vida como se arranca la mala hierba de los campos, a sus 22 años sus sueños quedaron truncados”. Estas son las palabras de la familia de Lesvy Berlín publicadas a través de la revista digital La que Arde.

A Lesvy la encontraron sin vida dentro del Instituto de Ingeniería de la UNAM en 2017. Las autoridades buscaron clasificar y sancionar el delito como un homicidio simple doloso, asegurando incluso, que en realidad su muerte se debía a un suicidio.

A pesar de los obstáculos y la revictimización institucional y social, la familia de Lesvy continuó buscando el camino para el acceso a la justicia y dignificación de la memoria de su hija.

La historia de Lesvy no terminó el día de su asesinato o el día en que el delito se reclasificó como feminicidio, por el contrario, hoy nos continúa confrontando con una realidad en la que jóvenes estudiantes buscan realizar sus proyectos de vida ante -y a pesar de- escenarios de violencia de género y feminicidas. Puebla no es la excepción.

Mara Fernanda Castilla Miranda, quien era estudiante de Ciencias Políticas en la UPAEP, desapareció en 2017 cuando se dirigía a su casa después de abordar un coche de la aplicación Cabify. Su cuerpo fue encontrado sin vida días después y con signos de violencia sexual. Sí, era universitaria.

Ingrid Aremis Guevara Aguirre, de 21 años, estudiante de psicología de la BUAP, fue encontrada sin vida en su domicilio en San Andrés Cholula, Puebla tras su feminicidio a manos de su ex pareja. Sí, era universitaria.

María Fernanda Orozco Sánchez fue víctima de feminicidio en San Andrés Cholula y fue hallada sin vida el 04 de octubre de 2026. María Fernanda pertenecía a la comunidad universitaria de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Sí, era universitaria.

Estos son algunos de los nombres de las múltiples víctimas de la violencia feminicida en Puebla que formaban o habían formado parte de una comunidad universitaria. El hecho de renombrarlas no solo tiene la finalidad de seguir articulando la memoria colectiva frente las violencias de género y el olvido social, sino para colocar sobre la discusión pública la interrogante relativa a ¿cuál es el papel de las universidades frente a las diversas manifestaciones de la violencia feminicida?

Esta pregunta cobra especial relevancia bajo un contexto nacional y estatal en el que, de acuerdo con el último informe sobre incidencia delictiva contra mujeres con corte al 31 de agosto de 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México se han registrado 440 víctimas de feminicidio, de las cuales, 7 pertenecen a Puebla. Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) ha documentado, por lo menos, 44 mujeres víctimas de feminicidio en lo que va del año en la entidad en contraste con los datos abiertos de las autoridades.

Bajo dicho escenario, y tomando en consideración que la violencia feminicida es el cúmulo de la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres, y que uno de sus elementos centrales es la impunidad social y del Estado, el contexto de violencia feminicida se amplía al análisis de, por ejemplo, casos de violencia familiar, sexual y de pareja, violencia vicaria, y lesiones como tentativas de feminicidio.

Esta aproximación nos permite advertir que la violencia feminicida no constituye una problemática aislada o unifactorial, que no se agota o se limita al asesinato violento de mujeres, y que, por ende, su comprensión exige analizar las condiciones estructurales que permiten su continuidad, encubrimiento y perpetuación cultural. En consecuencia, su prevención, investigación, atención, sanción y reparación integral requieren de la participación coordinada de distintos sectores de la sociedad, entre ellos, las instituciones de educación superior.

Así, las universidades ocupan un lugar relevante dentro de esta discusión. No solo son un espacio destinado a la reproducción del conocimiento académico, sino que influyen en la construcción de imaginarios colectivos por el bien común que van más allá de sus salones.

Cuando la violencia feminicida se aproxima o emerge desde el espacio universitario, posicionarse es indispensable, pero, incluso, obliga a repensar las dinámicas cotidianas en que sucede la vida estudiantil y cuestionarse al interior qué está dispuesto a cambiar para que la violencia de género no encuentre en sus espacios condiciones de tolerancia, silencio o impunidad.

Las universidades no sustituyen la responsabilidad penal y social de las personas agresoras, tampoco suplen las obligaciones de garantía, prevención, promoción y respeto a los derechos humanos del Estado, pero sí tienen una posición privilegiada frente su estudiantado para promover espacios libres de violencia dentro y fuera de su infraestructura. En ese sentido, a la primera interrogante “¿cuál es el papel de las universidades frente a las diversas manifestaciones de la violencia feminicida?”, es dable añadir “¿qué implica para una universidad que una mujer de su comunidad sea víctima de feminicidio?”.

Este artículo de opinión no busca exponer las posibles respuestas y soluciones a una problemática estructural, pero sí destacar que volver a nombrar a Lesvy, Mara Fernanda, María Fernanda e Ingrid Aremis no debería ser un ejercicio aislado o coyuntural, sino un acto recurrente que nos recuerde que los espacios educativos tienen la posibilidad de transformar las condiciones que hicieron posible sus feminicidios.

Publicado originalmente en Ambas Manos.