La profesión docente no figura entre aquellas que implican un peligro mortal. Se habla, sí, del desgaste emocional, del estrés constante, de la presión institucional y social. Pero no de la posibilidad de perder la vida dentro de las aulas. Por eso, el asesinato de dos profesoras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no solo conmociona: descoloca profundamente nuestra idea de lo que significa enseñar y de lo que representa la escuela como espacio seguro.

En la formación de profesores se ha insistido en que las y los docentes deben no solo dominar su asignatura y desarrollar estrategias para el aprendizaje significativo de sus estudiantes, sino que también deben prepararse para saber cómo cuidarlos, orientarlos y acompañarlos. En ese sentido, el docente asume una responsabilidad formativa integral que, en muchos casos, rebasa sus posibilidades reales. ¿Qué ocurre cuando ese deber de cuidado enfrenta límites insalvables? ¿Qué pasa cuando el riesgo no proviene del entorno externo, sino del interior mismo de la comunidad escolar?

En este caso, el agresor es un adolescente que había mostrado señales preocupantes: su vinculación con grupos radicales, la exhibición de su imagen con un arma en redes sociales, los indicios de una posible escalada de violencia. Todo esto estaba ahí, visible, circulando en espacios digitales que muchas veces normalizan o minimizan conductas alarmantes

Hoy, en redes sociales como Facebook, han surgido voces que exigen que el joven sea juzgado como adulto. La gravedad del acto despierta una comprensible indignación social. Sin embargo, el debate no es sencillo. ¿Es conveniente equiparar la responsabilidad penal de un adolescente con la de un adulto? Hacerlo puede satisfacer una necesidad inmediata de justicia, pero también implica renunciar a comprender las condiciones que llevaron a ese punto: la construcción de su identidad, sus entornos de socialización, los vacíos familiares o institucionales.

Esto no significa eximir de responsabilidad. Significa, más bien, distribuirla de manera más justa y compleja. La familia, sin duda, juega un papel crucial en la formación de valores, en la detección temprana de conductas de riesgo. Pero también lo hacen las instituciones educativas, los sistemas de salud mental, y una sociedad que, en ocasiones, trivializa la violencia o la convierte en espectáculo. La escuela no puede, ni debe, cargar sola con esta tarea, pedirle que lo haga es condenarla al fracaso. Los docentes no son cuerpos de seguridad, ni especialistas en intervención de crisis extremas. Son profesionales de la educación que necesitan redes de apoyo sólidas, protocolos claros y acompañamiento institucional efectivo.

Lo ocurrido en Michoacán exige algo más que indignación. Exige reflexión y acción. Es necesario establecer mecanismos de alerta temprana, fortalecer la atención a la salud mental en jóvenes, y generar una cultura de corresponsabilidad entre familia, escuela y sociedad. También implica revisar el papel de las redes sociales como espacios donde se incuban y amplifican discursos de odio o violencia.

Sentar precedentes no significa únicamente endurecer castigos. Significa construir condiciones para que hechos como este no se repitan. Significa reconocer que la violencia no surge de la nada, y que prevenirla requiere una mirada amplia, comprometida y sostenida.

La escuela debe volver a ser refugio. Pero para lograrlo, no puede estar sola. Se necesita fortalecer la corresponsabilidad entre familia, escuela y comunidad; establecer protocolos claros de detección y atención temprana ante conductas de riesgo; y garantizar el acceso efectivo a servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes. Prevenir implica, en última instancia, asumir que la seguridad y el bienestar en la escuela dependen de una red articulada que acompañe, contenga y actúe. Solo así la escuela podrá volver a ser un verdadero espacio seguro, donde la vida nunca vuelva a estar en peligro.

Publicado originalmente en Ambas Manos.