Algunos medios de comunicación reportaron recientemente que el senador republicano de los Estados Unidos de América, Lindsey Graham, afirmó que “México es, en muchos sentidos, prácticamente un estado fallido” para, a continuación, proponer trabajar juntos para “resucitar lo que queda del estado de derecho”. En el mismo tono, Donald Trump, desde hace años, suele referirse a la incapacidad del gobierno mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, etiquetó a México como “narcoestado” en el marco de un evento que convocó a importantes líderes de la derecha hispanoamericana en Miami, el pasado 10 de febrero.

Frente a los recientes hechos de violencia en México a raíz de la muerte de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho“, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no debe extrañar que se sumen voces clamando para que se declare que nuestro país enfrenta una situación de colapso.

Estado fallido es un concepto difuso. En pocas palabras se aplica a situaciones en las que la capacidad de las instituciones políticas ha sido rebasada por las condiciones de ingobernabilidad que se observan en un país o una región determinada. En ese sentido, un estado fallido es incapaz de proveer a sus ciudadanos las condiciones básicas para el desarrollo armónico de la vida social dando paso a situaciones caóticas en materia económica, política, de seguridad pública, etc. Lo que hace difuso el concepto es, precisamente, la determinación del grado de ingobernabilidad necesario para considerar que la institucionalidad pública es incapaz de gestionar una determinada situación.

Algunos especialistas han alertado respecto a la instrumentalización del concepto para legitimar el intervencionismo de algunas potencias extranjeras. La declaración de un estado fallido, según estos análisis, ha servido de coartada para forzar un cambio de gobierno o imponer una serie de condiciones que, más allá de favorecer o no al presunto estado fallido, sí favorecen los intereses de empresas militares, inversionistas privados o un proyecto político transnacional. Quizá el ejemplo más lamentable que ilustra sobre esta crítica al concepto es el de Haití. La historia reciente del país caribeño exhibe un largo listado de torpezas y comprobadas acciones dolosas perpetradas por extranjeros (personas, países y organismos) que, lejos de fortalecer al estado y sus instituciones, terminan por generar más caos e inestabilidad. Como el de Haití, hay numerosos episodios desastrosos desde la década de 1990, especialmente en el continente africano.

A la luz de esas tristes experiencias, declaraciones como las de Graham, Trump o Ayuso, no deben ser tomadas a la ligera. Sería de esperarse que la pretendida “ayuda” para combatir los carteles de la droga o para “fortalecer la democracia”, terminara por sumar elementos de caos mientras algunos agentes extranjeros se benefician de una u otra manera.

La idea de un estado fallido remite a la de colapso total, pero esto es muy excepcional. Sí podríamos referir algunos casos históricos de colapso total como el de la antigua Unión Soviética o el de la antigua Yugoslavia; pero normalmente lo que presenciamos es el debilitamiento de algunas capacidades institucionales de los Estados mientras otras permanecen relativamente funcionales. Desde esa perspectiva, es más apropiado hablar de un grado de debilidad o fragilidad de los estados y no de un estado fallido o colapsado.

La organización The Fund for Peace, desde inicios del presente siglo, ha propuesto una metodología para determinar el grado de fragilidad de los estados tomando en cuenta indicadores de carácter económico, político, social y de cohesión institucional. El resultado de sus estudios arroja un Índice de Fragilidad de los Estados que se publica cada año desde 2006. Paradójicamente (o no tanto), Somalia, quien fue el primer estado declarado fallido que recibió el “apoyo internacional” para fortalecer sus instituciones, después de más de 30 años, se encuentra en el número 1 del ranking en el índice de 2024 (el último que se ha publicado). En el extremo opuesto aparece Noruega como el estado más sólido del mundo. De acuerdo con este informe, México es el Estado número 83 en grado de fragilidad, de los 179 sometidos al estudio. El indicador más notable del estudio sobre el caso mexicano es, precisamente, su aparato de seguridad, con una fragilidad superada solo por una veintena de países.

La capacidad de México para contener la criminalidad es una tarea pendiente que, además de su valor intrínseco, disiparía las intenciones de agentes extranjeros (y algunos colaboracionistas) que se frotan las manos con la posibilidad de una intervención extranjera en nuestro país.

Por otra parte, conviene anotar que la fragilidad institucional de un estado, además de las adivinables causas como la ineptitud gubernamental o la corrupción interna, también puede tener causas externas, como eventos climáticos, cataclismos o crisis regionales o globales de diversa índole (económica, migratoria, sanitaria, etc.). Pero, no olvidemos que la fragilidad también puede ser provocada maliciosamente desde el exterior: traficando armas, imponiendo sanciones económicas, bloqueos, o generando conflictos políticos internos. Estas peligrosas prácticas de fragilización institucional provocada desde el exterior son las que enfrentamos actualmente en México y otras naciones latinoamericanas.

Publicado originalmente en Ambas Manos.