Defender la tierra en México no es una metáfora romántica, es una labor que atraviesa el cuerpo, la mente, el espíritu y el tejido mismo de las comunidades. En regiones como el Sur de México donde la riqueza biocultural del territorio es de interés de megaproyectos extractivistas, la defensa del territorio se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo.

En este escenario de tensión, las personas defensoras de derechos humanos ambientales y territoriales (PDDHAyT) se encuentran en la primera línea de fuego, enfrentando una violencia que no solo busca silenciarlas, sino desarticularlas desde adentro.

Como acompañante psicosocial, considero que es un error institucional y ético reducir la protección de PDDHAyT únicamente a la provisión de botones de pánico, chalecos antibalas o escoltas policiales. Las medidas físicas son parches de corto plazo que ignoran la raíz del daño.

La violencia sociopolítica en contra personas defensoras es estratégica; no solo golpea la integridad física, sino que busca quebrar cada esfera de la vida de la persona para que el miedo paralice la resistencia colectiva.

En este contexto la psicología clínica occidental ha tendido a ignorar el contexto político, tratando el sufrimiento como un problema individual o una "enfermedad" del paciente. No obstante, desde la Iniciativa DefiéndeMEsoamérica, impulsamos una perspectiva psicosocial radicalmente distinta, nacida de las luchas latinoamericanas.

Esta perspectiva entiende que no podemos analizar el dolor de una comunidad indígena sin mirar la violencia política que lo provoca. El trauma no es un fallo interno de la víctima, sino una herida social. Bajo este enfoque, el acompañamiento deja de ser una intervención clínica de "poder-saber" donde un experto cura a un enfermo, para convertirse en un acto de liberación.

Se trata de una postura política no neutra que se sitúa al lado de los pueblos oprimidos, buscando fortalecer sus recursos personales y colectivos para que puedan sostener la lucha frente a las adversidades.

En nuestra región, las estrategias de represión adquieren formas específicas que requieren lecturas agudas. La estigmatización y la criminalización no solo son herramientas legales; son venenos que fomentan la desconfianza y la polarización, aislando a quienes resisten.

Cuando una defensora vive con el terror de que sus hijos sean atacados, o cuando un líder comunitario pierde su vínculo con el territorio sagrado, el daño es espiritual y social. Ningún escolta puede reparar ese tejido roto.

Por ello, la atención psicosocial debe ser reconocida como una columna vertebral de la protección integral. No basta con garantizar que la persona defensora no muera; es necesario garantizar que pueda vivir con dignidad y sin miedo.

En un país donde defender el ambiente y territorio significa jugarse la vida, seguir apostando exclusivamente por medidas reactivas y burocráticas es una forma de negligencia. Mientras el Estado no integre una perspectiva psicosocial y el bienestar colectivo como derechos fundamentales en sus mecanismos de protección, seguirá fallando en su obligación más básica. Proteger a quienes defienden derechos humanos en México.

Publicado originalmente en e-consulta.