La academia, los organismos internacionales y la sociedad civil lo advertían, y el tiempo les dio la razón.

A menos de dos años de la implementación de la reforma al sistema de impartición de justicia de nuestro país, el Congreso de la Unión está analizando una serie de modificaciones al nuevo Poder Judicial de la Federación y su proceso de designación. Estos cambios a la Constitución conllevan el retorno a formas pasadas (como la inclusión de dos “secciones” en la Suprema Corte, que antes eran “salas”), o bien, el ajuste de una reforma que, desde el inicio, tenía la finalidad de destruir y reconstruir al Poder Judicial, costare lo que costare.

Sobre esta iniciativa e incluso sobre su proceso, podemos rescatar y preocuparnos por tres cosas.

La primera –que quizás, la más común– es la dinámica con la que hoy nuestra clase política opera, despreocupándose por el buen ejercicio de la función pública y experimentando con los derechos de las personas. Las diputaciones y senadurías, en lugar de ser vistos como órganos de auténtico análisis y discusión de las iniciativas sometidas a su consideración, hoy son sólo un paso más en la “burocracia legislativa”. Las reformas que el actual Congreso de la Unión expide carecen de rigor técnico real tratándose de iniciativas que persiguen fines políticos, como ha sucedido con la reconfiguración del Poder Judicial y la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos.

Se perdieron contrapesos
La segunda es la pérdida de auténticos contrapesos tanto entre los distintos poderes como de los que surgen a partir de nuestro modelo federal. Las recientes reformas dejan ver, ya sin mayor recato, una sujeción a un proyecto político determinado, impidiendo la pluralidad ideológica (incluso respecto de los miembros del mismo partido) en la toma de decisiones trascendentales para nuestro país. Frente a la crítica social, las iniciativas son revisadas y modificadas desde lo que se señala en las conferencias matutinas, sin que formalidad alguna sea necesaria. En el ámbito estatal, aun cuando las reformas afecten la autonomía de las entidades federativas, la respuesta ha sido idéntica.

Finalmente ha de mencionarse que algo que ha sido característico de estas decisiones ha sido priorizar la política sobre el efectivo ejercicio de los derechos de las personas. La iniciativa de la que ahora conoce el Congreso de la Unión evidencia que, como en una guerra, la agilidad en el proceso de reforma se debió a una necesidad de desarticular al “enemigo”, sin pensar en los impactos sobre la “población civil”. Se ha vuelto cada vez más frecuente ver a personas juzgadoras que no cuentan con las capacidades para ejercer sus funciones, o cuyas sentencias evidencian la falta de conocimientos sobre ciertos temas del derecho.

Se debilitó juicio de amparo

Esta lógica no es nueva, sino que ha sido reiterada en el tiempo. La transformación del país se ha sostenido en la destrucción de enemigos, con independencia de sus efectos en los derechos de las personas. Cabe recordar que, casi al mismo tiempo en que se determinó el cambio en el Poder Judicial, también se ordenó la desaparición del INAI, el IFT, el Coneval y la Cofece, y, más recientemente, se debilitó al juicio de amparo (mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos).

Nuestro actual modelo político, supuestamente centrado en las personas, está dejando de lado los derechos de las personas. Prioriza la centralización del poder y la lucha contra la pobreza (que repite modelos desarrollistas pasados) sobre la vigencia de los derechos humanos.

Las reformas que hoy se hacen a la Constitución no deben ser vistas desde la lucha por el poder, entre la vigencia de un nuevo proyecto de nación y los rezagos de nuestro anterior sistema político. La transformación de nuestro país debe estar centrada garantizar y proteger los derechos de las personas. En esta guerra, también hay víctimas.
Mientras tanto, el nuevo intento de reformar al Poder Judicial deja ver que la política va primero, y los derechos, después.

Publicado originalmente en Ángulo 7.