Recientemente, comunidades del estado de Guerrero y organizaciones de la sociedad civil denunciaron ataques armados por parte de grupos criminales en contra de personas pertenecientes a comunidades indígenas en Tula, Acahuehuetlán, Xicotlán y Alcozacán en el estado de Guerrero.

Estas agresiones, que incluyen el uso de explosivos, armas de fuego y drones contra la población, han provocado la muerte de al menos cinco habitantes y el desplazamiento forzado de 800 personas. La exigencia de las propias comunidades no es otra más que el establecimiento de medidas efectivas de seguridad, en una región que históricamente ha sufrido del abandono institucional frente a la presencia del crimen organizado.

El ambiente en la región, de acuerdo con lo relatado las propias organizaciones, es tenso, dejando un paisaje con los rastros de la violencia. El dolor de las comunidades es ajeno para las autoridades estatales y federales, a quienes se les ha acusado de ser omisas para combatir al crimen organizado y mitigar los efectos de su presencia en la Montaña Baja de Guerrero, siendo sólo testigos de las agresiones contra la población.

La reacción de los pueblos ha sido, en un buen número de casos, huir de la violencia. Lo anterior se vuelve una respuesta lógica cuando, conforme relatan sus habitantes, alrededor de 20 explosivos son detonados al día. Producto de lo anterior, se reportan casos de comunidades que han quedado ya deshabitadas.

Lo que hoy se vive en la Montaña Baja de Guerrero da cuenta de un entorno en que la violencia se ha vuelto cotidianidad, donde la presencia y reforzamiento del crimen organizado se complementa con la falta de acción de las autoridades, producto de la macrocriminalidad, volviendo aún más difícil la vida pacífica de los pueblos. La pérdida no es sólo material, también es simbólica en tanto implica la pérdida de confianza de las instituciones públicas de seguridad.

Ya desde 2018, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU había documentado en su informe sobre su visita a México el desplazamiento forzado de familias y comunidades en Guerrero con motivo de las amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales en la disputa por el territorio. Asimismo, recomendó el desarrollo de medidas concertadas de protección de la población indígena, incluyendo medidas de coordinación con instituciones comunitarias.

Por otro lado, también debe reconocerse que la situación es, además, ejemplificativa de la discriminación que se ejerce en contra de los pueblos indígenas en contextos de pobreza. El abandono institucional puede verse como resultado de ver a las comunidades como no merecedoras de la protección estatal, prefiriendo destinar recursos en materia de seguridad para la protección de las personas que habitan en las capitales turísticas, en un intento de ocultar la violencia.

La violencia en nuestro país ha alcanzado niveles alarmantes, dando pie al planteamiento de respuestas drásticas desde “la oposición”. La crisis de desapariciones, las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y la vigencia de la violencia feminicida también están presentes cuando hablamos de un horizonte desesperanzador en nuestro país, mientras el estadio Azteca se embellece para una fiesta futbolera.

Frente a ello, han sido las organizaciones civiles y colectivos quienes, en sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos han dejado rastros de esperanza para enfrentar conjuntamente la violencia que hoy aqueja a nuestro país. Las resistencias desde estos terrenos se instituyen como voz de esperanza y cambio en una realidad herida.

Sin embargo, que estas otras esperanzas no nos impidan ver que balas, y ahora drones, asedian las vidas de mujeres, hombres, niñas y niños de la Montaña Baja de Guerrero… mientras nuestro país se prepara para celebrar la Copa Mundial de Fútbol.

Publicado originalmente en Ambas Manos.