En Puebla, la transparencia y el acceso a la información pública se encuentran en suspenso. Han pasado seis meses desde la desaparición del ITAIPUE y el escenario es poco alentador para la garantía de este derecho y, lo peor, no hay claridad de cuándo las cosas podrían mejorar.

Un problema generalizado que se tiene a nivel nacional en este momento es la desinformación con respecto a los alcances de la eliminación del INAI y de los órganos garantes estatales. He perdido la cuenta de las veces que la gente me ha dicho que ya no se pueden hacer solicitudes de información porque ya no existen estas instituciones. Y vale la pena hacer la aclaración una vez más: se pueden hacer solicitudes de información, eso no ha cambiado; el problema es cuando se presentan los recursos de impugnación, pues ahora las autoridades son juez y parte para resolver estos. Es decir, se puede preguntar, el detalle es que ya no hay quién vigila las respuestas.

Sumado a esta desinformación y debilitamiento de los procesos, en el caso de Puebla tenemos un elemento adicional: desde octubre están suspendidos los plazos para la resolución de los recursos de revisión que se puedan presentar en inconformidad de las respuestas que den los sujetos obligados. Si bien la institución que ha sido más visible en este asunto ha sido Transparencia para Puebla y sus Municipios, al ser la más cuestionada al respecto, las otras autoridades garantes (es decir, los órganos de control interno del Congreso, el Poder Judicial, y los organismos autónomos) se encuentran en la misma situación.

La cuestión es que no hay claridad con respecto a las razones detrás de esta suspensión.
Por un lado, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, mencionó en su comparecencia ante el Congreso local el pasado 20 de enero, que esta suspensión responde a que la autoridad garante federal, Transparencia para el Pueblo, está en un proceso de homologación de criterios para la resolución de los recursos de revisión, y que por eso no se han atendidos los asuntos locales. Este punto en sí genera algunas dudas, porque ¿es necesario generar criterios nuevos para la resolución de estos recursos que, con base en las leyes aplicables, no sufrieron cambios?

Incluso, vale recordar que con corte al 28 de octubre de 2025 Transparencia para el Pueblo había resuelto 2,387 recursos de revisión, lo que significa que ya hay criterios claros para el análisis de estos asuntos.

Sin embargo, hay otras versiones sobre el porqué de esta suspensión. De acuerdo con información que Transparencia para Puebla y sus Municipios ha dado a medios de comunicación locales, el problema es que no han recibido las contraseñas correspondientes para acceder al apartado de la Plataforma Nacional de Transparencia donde se cargan los recursos de revisión. Esto incluso se precisa en el acuerdo que emitió el Órgano de Control Interno del Congreso del Estado el pasado 3 de octubre de 2025, cuando se determinó la suspensión de plazos al no tener forma de ingresar a la PNT.

O sea, no es que no tengan los criterios para resolver los recursos, es que no tienen en sí los expedientes que se han presentado. Bueno, al menos eso es lo que se entiende.

El problema es que este acuerdo, así como la suspensión por parte de Transparencia para Puebla y sus Municipios, se emitió hace cuatro meses, y no se sabe cuándo se vaya a tener acceso a la Plataforma, o los criterios para la resolución de los recursos y, peor aún, preocupa que cuando se pueda empezar el análisis de estos expedientes las autoridades garantes no se den abasto: ellas estarán en suspensión, pero las personas han seguido ejerciendo sus derechos, por lo que ya existe un cúmulo de casos que están en espera de resolución.

Es urgente que se resuelva cualquiera que sea el problema que mantiene esta suspensión, pues la reactivación de los plazos no será suficiente para atender el rezago actual y para resarcir la afectación a los derechos de las personas que tienen algún asunto pendiente de resolución.

Publicado originalmente en Ambas Manos.