La crisis de desaparición de personas en México no es un asunto nuevo. Es sabido cómo, durante la Guerra Sucia, la desaparición forzada fue una práctica recurrente, pero mientras que en esos años estas acciones eran operadas principalmente por el Estado, hoy en día son diversos actores quienes están detrás de las desapariciones de personas.

Todo esto nos ha llevado a que en la actualidad haya 132 mil personas desaparecidas en el país, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Sin embargo, cuando se analizan los datos por sexo, rango de edad y entidad federativa en donde se dio la desaparición, este simple número puede ayudarnos no sólo a dimensionar esta problemática, sino a identificar factores de riesgo que son necesarios atender

De ahí la importancia de contar con registros que sean actualizados de forma constante y que estén interconectados, tal y como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como las normativas homólogas de las entidades federativas. Y de ahí también surge la preocupación de las deficiencias con las que opera el registro que se tiene en el estado de Puebla.

En primer lugar, el Registro de Personas Desaparecidas que opera la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP) entró en funciones de forma tardía, pues con base en la Ley General, las entidades federativas debían crear sus registros estatales en 2018, pero en Puebla fue hasta 2024 que se lanzó esta plataforma.

A esto se suma que las actualizaciones no son constantes. De acuerdo con la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, y los Lineamientos que regulan el funcionamiento del Registro Estatal de Personas Desparecidas, publicados en junio de 2024, “la alimentación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, se realizará en tiempo real y conforme lo pauta la normativa aplicable”. Es decir, las bases de datos sobre el número de reportes y de denuncias se hace de forma constante, o al menos, eso establecen las normas reglamentarias.

Sin embargo, la actualización del reporte público que se encuentra disponible en la página de la CBPEP se hace de manera mensual, o al menos así debería ser, pero esto no siempre se cumple. En el último semestre han pasado al menos tres meses en lo que el registro no ha sido modificado, lo cual dificulta el que se pueda llevar un seguimiento claro de los datos sobre desaparición del estado.

Esto sin mencionar que el Registro Estatal no cuenta con datos desglosados mensuales, no se puede descargar y que no concentra los datos de la CBPEP y la Fiscalía General del Estado, y más bien tienen que hacerse consultas a dos secciones independientes. En resumen, no se cuenta con una plataforma que permita una consulta clara de los datos de desaparición.

Y si bien se tiene el Registro Nacional, el cual se actualiza de forma permanente, el que las entidades federativas tengan sus propios reportes públicos tiene como objetivo no sólo dar a conocer los datos estadísticos de desaparición, sino brindar información que pueda ser de utilidad a las personas que buscan a un familiar.

Además, en el informe sobre la situación de la desaparición de personas en México emitido en octubre de 2023 por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas se indica que existe resistencia por parte de algunas autoridades en México para registrar datos en el RNPDNO.

Es decir, los datos del Registro Nacional, aunque son amplios, podrían no estar reflejando la realidad en las entidades federativas, por lo que es necesario que existan sistemas interconectados e interoperables que faciliten la documentación de casos.

Pero, atender este tema, y contar con datos públicos que reflejen una realidad más clara sobre la desaparición de personas no es algo que convenga al Estado. Existe una tendencia desde hace varios años que busca minimizar la situación de la desaparición en México, como fue el censo que implementó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que, con una metodología cuestionable, buscó reducir el número de personas que siguen sin ser localizadas. Todo esto, como una forma de evadir la responsabilidad de las autoridades, de todos los niveles, de atender esta problemática.

Por eso, lo más fácil es no difundir datos, no actualizar los registros y evitar que la población pueda acceder a esta información. Porque, como dicen por ahí, “lo que no se cuenta, no existe”.

Publicado originalmente en Ambas Manos.