El pasado 11 de marzo, Erick Saracho Aguilar, defensor ambiental y territorial, fue atacado con un arma de fuego frente a su domicilio en Nayarit. El defensor es reconocido por su labor en la conservación ambiental y por su defensa del territorio frente a proyectos urbanos.

Este ataque ocurre en un contexto de violencia estructural marcado por agresiones, estigmatización y criminalización contra personas defensoras ambientales y territoriales, una tendencia que, lejos de disminuir, continúa en aumento en nuestro país.

Desde hace aproximadamente cuatro años, Erick contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entre ellas se le había otorgado un botón de pánico que el defensor activó durante el ataque; sin embargo, las autoridades demoraron cerca de una hora en llegar para trasladarlo al hospital.

Esta historia no se trata de un caso aislado, recordemos los casos de los defensores Marco Antonio Suastegui Muñoz (asesinado el 25 de abril de 2025) y el de Ricardo Arturo Lagunes Gasca (desaparecido desde el 15 de enero de 2023), ambos con medidas otorgadas por el Mecanismo similares a las de Erick y que, como en su caso, resultaron insuficientes para protegerlos contra los riesgos estructurales que enfrentaban.

Este mecanismo fue creado en 2012, a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsada por organizaciones de la sociedad civil agrupadas en gran medida en el Espacio OSC, como respuesta al contexto de violencia y amenazas que enfrentan quienes ejercen la defensa de derechos humanos en México.

Esta ley establece que la Federación debe trabajar en colaboración con las entidades federativas para implementar medidas de prevención, protección y acciones urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras.

A pesar de que su creación representó un avance institucional significativo, el Mecanismo enfrenta serios retos y limitantes como lo ha señalado la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México en 2019. Una de las limitaciones para cumplir su función material radica en la implementación y coordinación con las entidades federativas.

De acuerdo con información del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (2024), cuatro estados no cuentan con ningún tipo de protección, tres únicamente con protección para periodistas, 6 cuentan con fiscalías especializadas, 8 tienen leyes o políticas de cooperación con el mecanismo federal y 11 tienen mecanismos de protección autónomos, entre ellos Nayarit.

No obstante, el caso nos obliga a preguntarnos si el Mecanismo realmente resulta suficiente para proteger a defensores ambientales y territoriales que usualmente viven en comunidades rurales. Para poder responder a esta pregunta, debemos entender que las personas defensoras ambientales y territoriales enfrentan distintos riesgos debido a que su labor confronta intereses económicos, políticos y territoriales de diversos actores como empresas privadas, autoridades estatales, y en algunos casos, incluso grupos delictivos. De ahí que los riesgos que enfrentan sean complejos debido a que son ocasionados por conflictos estructurales.

Esta crítica no busca deslegitimar al Mecanismo, por el contrario, invita a realizar una reflexión profunda de sus fallas, limitantes y áreas de oportunidad para que este Mecanismo se vuelva más efectivo. Particularmente, cuando se trata de personas defensoras ambientales y territoriales que enfrentan riesgos estructurales, estos deben ser mitigados con medidas que vayan más allá de acciones individuales que se vuelven insuficientes cuando no se articulan con políticas públicas orientadas a desmantelar las causas estructurales de la violencia como el fortalecimiento de las autoridades locales, el cese de prácticas de criminalización y la generación de mecanismos eficaces para prevenir y atender los conflictos territoriales.

En un país donde defender el medio ambiente y el territorio puede costarte la vida, la existencia de mecanismos de protección no debería ser vista como una concesión, sino como una obligación mínima del Estado. Sin embargo, mientras la violencia contra las personas defensoras continúe siendo una constante y las respuestas institucionales sigan siendo insuficientes y deficientes, casos como el de Erick seguirán evidenciando una realidad incómoda: que en México, proteger a quienes defienden el medio ambiente y el territorio sigue siendo una obligación incumplida y una deuda estatal.

Publicado originalmente en e-consulta.