Violencias contra personas defensoras del ambiente, la tierra y el territorio en México
Autoría: Valentina Campos Cabral
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La defensa del ambiente y el territorio continúa siendo una de las actividades más peligrosas para el ejercicio de los derechos humanos en México porque se desarrolla bajo condiciones estructurales de violencia e impunidad. Lejos de tratarse únicamente de conflictos ambientales, las disputas por el agua, los bosques, la tierra o los territorios indígenas revelan tensiones profundas entre distintos proyectos de desarrollo y las formas de vida de comunidades que buscan proteger los bienes comunes de los que depende su existencia.
El informe más reciente de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo ofrece una radiografía preocupante. México se ubicó como el segundo país con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2024, con 32 casos documentados por Front Line Defenders.
El caso mexicano debe leerse dentro de una tendencia continental. En la región se documentaron imputaciones contra defensores en Bolivia, condenas contra personas indígenas en Canadá, desaparición de una defensora en Chile y asesinatos de defensores ambientales en Perú. Esta comparación permite ubicar a México no como excepción, sino como parte de un patrón latinoamericano en el que la defensa territorial se vuelve una actividad de alto riesgo.
En el ámbito ambiental, el informe recupera información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental que, para 2024 registró 25 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio, una cifra superior a los 19 casos reportados el año anterior, si bien para su último en el 2025, reportó 10 (CEMDA, 2025). Detrás de estos números existen historias de comunidades indígenas, campesinas, ejidatarias y organizaciones locales que enfrentan amenazas, hostigamiento, criminalización e incluso la muerte por defender sus territorios.
Estos datos cuestionan a las narrativas que presentan a los conflictos socioambientales como solo desacuerdos sobre diferentes tipos de obras o proyectos. Cuando una comunidad se opone a un megaproyecto minero, energético, inmobiliario, industrial o vial, lo que está en juego son derechos fundamentales: el derecho al territorio, al agua, a un medio ambiente sano, a la libre determinación y a la participación en las decisiones que afectan su futuro. Defender el ambiente es también defender derechos humanos.
La gravedad de la situación se muestra en un contexto más amplio de agresiones que incluyen la intimidación, vigilancia, amenazas y ataques contra organizaciones defensoras. Estas violencias buscan desgastar los procesos comunitarios, inhibir la participación social y reducir los márgenes de acción de quienes cuestionan decisiones gubernamentales o intereses económicos de gran escala. En muchos casos, la violencia está agravada por la impunidad, pues las investigaciones rara vez finalizan con la sanción a los responsables.
Particularmente preocupante es que los riesgos recaen de manera desproporcionada sobre pueblos indígenas, comunidades rurales y campesinas. Son ellos, los dueños y usufructuarios históricos de los territorios, quienes enfrentan las violencias cuando las autoridades no garantizan el consentimiento libre, previo e informado en proyectos que afectan sus tierras, territorios, bienes comunes y recursos. La falta de consultas previas, libres e informadas, así como los procesos de participación que se denuncian como simulados, incrementan sus condiciones de vulnerabilidad y limitan su acceso a la justicia.
Sin embargo, la historia no es únicamente de violencia. También es una historia de resistencia. A pesar de los riesgos, cientos de comunidades continúan organizándose para defender ríos, montañas, bosques y formas de vida construidas durante generaciones. Su labor no sólo protege ecosistemas; también fortalece la democracia, la participación ciudadana y la vigencia de los derechos humanos.
Por ello, la protección de las personas defensoras del ambiente y el territorio es un tema de primera importancia. Se trata de una condición indispensable para la construcción de una sociedad democrática y el mantenimiento de nuestras condiciones de vida. Cuando defender un río, una bahía, un bosque o especies en peligro, implica ser agredido o asesinado, no sólo están amenazadas las personas defensoras: está en riesgo la capacidad colectiva de ejercer derechos y decidir sobre nuestro futuro.