La propuesta de una nueva Ley Ambiental en México: aportaciones y tensiones
Autoría: Valentina Campos Cabral
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La contaminación histórica de la cuenca del Alto Atoyac evidencia una de las principales contradicciones de la política ambiental mexicana: contamos con un marco jurídico que reconoce el derecho a un medio ambiente sano, pero persisten territorios donde la degradación ecológica y sus consecuencias sociales forman parte de la vida cotidiana. Esta realidad invita a reflexionar sobre los alcances de la propuesta de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Actualizar una legislación originada en 1988 es una oportunidad para responder a problemas que hoy reconocemos con mayor claridad: contaminación acumulada, pérdida de biodiversidad, crisis climática y profundas desigualdades territoriales. La mayor atención a la prevención, la restauración y la planeación ambiental constituye una aportación relevante. Pero su trascendencia dependerá de cómo se resuelvan las contradicciones entre estos principios y las decisiones económicas que producen deterioro.
Una primera tensión se encuentra en los instrumentos de evaluación. La evaluación ambiental estratégica puede anticipar impactos desde la planeación de políticas y programas, siempre que no sustituya el examen riguroso de proyectos específicos ni invisibilice sus efectos acumulativos. La pregunta no es únicamente cómo mitigar daños, sino quién decide qué proyectos se realizan, a quién benefician y qué costos imponen a las comunidades.
Una segunda tensión corresponde a la democracia ambiental. Reconocer la participación social es importante, pero no suficiente. En el debate académico se ha planteado la necesidad de que las comunidades indígenas, campesinas y urbanas incidan efectivamente en las decisiones y de fortalecer el carácter vinculante de los espacios de ordenamiento ecológico. Participar no puede reducirse a recibir información o expresar opiniones sin consecuencias para la decisión pública.
Un tercer desafío es la responsabilidad por los daños. La restauración no debería convertirse en una vía para compensar indefinidamente lo que pudo prevenirse. Llama la atención los vacíos sobre: contaminantes químicos, plaguicidas, residuos, riesgos para la salud y mecanismos de autorregulación empresarial. En regiones sometidas a contaminación crónica, la reparación integral exige responsabilidades del Estado y las empresas, atención a los daños acumulados y garantías de no repetición.
La discusión también debe abordar la riqueza biocultural y los límites de la mercantilización de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza y la ecología integral invitan a superar su consideración exclusiva como recurso económico o proveedora de servicios ambientales. Instrumentos como los mercados de carbono requieren un examen crítico de sus efectos territoriales, para evitar que la protección ecológica termine subordinada a nuevas formas de apropiación y negocio.
Estas preocupaciones no anulan las aportaciones de la iniciativa; muestran la importancia de profundizar su deliberación pública. La participación de comunidades, organizaciones, instituciones científicas y autoridades puede contribuir a precisar definiciones, fortalecer mecanismos precautorios y construir disposiciones aplicables. Dar tiempo a esa discusión no significa renunciar a la reforma, sino procurar que responda a la magnitud de la crisis socioambiental y al nutrido y argumentado interés de varios sectores de la población.
El desafío no consiste solamente en renovar una ley, sino en hacer posible una política que prevenga el deterioro, repare injusticias y reconozca los límites ecológicos del desarrollo. El Alto Atoyac recuerda que la trascendencia de cualquier reforma se medirá en los territorios: en la salud, la vida y la capacidad de sus habitantes para decidir sobre su futuro.