IBERO Puebla participa en el proceso de discusión de la ley contra el feminicidio
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La Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la IBERO Puebla presentaron un documento de observaciones técnicas al Senado de la República en el marco del proceso de elaboración de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
Entre las principales recomendaciones destaca incorporar una mirada integral a las causas y consecuencias de la violencia feminicida, garantizar la participación de las familias en las investigaciones, la responsabilidad de personas que encubran a responsables, así como adoptar mecanismos efectivos para una reparación integral del daño.

Asimismo, las familias de Minerva Calderón Hernández y Araceli Vázquez Barranco —cuyos procesos de justicia son acompañados por la Clínica Jurídica— participaron en los foros organizados por las Comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Minerva Hernández y Othoniel Calderón plantearon la necesidad de reconocer que el feminicidio no termina el día de los hechos, sino que se actualiza día a día en tanto no se acceda a la justicia. Por su parte, Amada Barranco y Alma Vázquez señalaron la importancia de que las autoridades juzguen con perspectiva de género y no se revictimice a las familias.

Los feminicidios de Minerva y Araceli son un reflejo del patrón de impunidad persistente en Puebla respecto de la violencia feminicida, de la necesidad de generar capacidades reales de investigación y destinar recursos humanos, financieros y materiales suficiente a las fiscalías especializadas.
La IBERO Puebla llama a las y los integrantes del Congreso de la Unión a llevar a cabo un proceso legislativo transparente que coloque en el centro las necesidades y experiencias de las víctimas y de las familias. Asimismo, refrenda su compromiso de colaboración con las autoridades a fin de fortalecer la legislación y la política pública en materia de violencia feminicida, y, con ello, cumplir con la promoción de la justicia como parte de su labor de formación, investigación y defensa de derechos humanos.
