Transparencia. Libertad de expresión. Ciberseguridad. Estos tres términos se han vuelto fundamentales para el ejercicio periodístico en la actualidad a causa del contexto de incertidumbre y asedio que hoy enfrenta el gremio, pues la palabra se ha vuelto materia prima para el control de la verdad en el debate público. Ante este contexto, periodistas se dieron cita en la IBERO Puebla en el panel Libertad de Expresión y Ciberseguridad.

En este espacio, Shanik David, académica especialista en derechos humanos, transparencia y derecho a la información de la Universidad Jesuita, dio la bienvenida con la siguiente aseveración: “Dentro de un contexto de por sí complejo para el ejercicio de la libertad de expresión en México, en los últimos años se ha dado un incremento en el uso de diversas disposiciones legales para perseguir y acallar a periodistas”.

Las reformas a ciertas leyes fundamentales para garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos en el país se han modificado para permitir que ciudadanos de a pie, influenciadores, activistas y periodistas sean amedrentados o acallados a través de estos mecanismos, lo que “podría poner en riesgo las libertades informativas”.

Hay una estrategia del poder de querer controlar el discurso público”: Shanik David

La mesa fue abierta por Rodolfo Ruiz, director del medio poblano digital E-consulta, quien califica el escenario de la libertad de expresión en Puebla y México como “francamente terrible”. En su opinión, las acciones de los gobiernos federal y estatal, como el reciente impulso de la ley de ciberasedio, no han sido más que medidas para “premiar lealtades y castigar a críticos”.

Este medio poblano ha sido víctima particular de los ataques públicos de las autoridades del Estado, donde sus investigaciones y labor se ven continuamente descalificadas y cuestionadas a nivel público. A ello se suman acciones de acoso judicial, intimidación y “el uso faccioso de la llamada publicidad oficial para mantener artificialmente a medios paleros y asfixiar a medios que tratan de ser independientes o críticos del gobierno”.

Ignacio Gómez, periodista de Publimetro especializado en ciberseguridad, también ha vivido este tipo de tácticas en su contra. En el panel, admitió que incluso su salud mental se ha visto directamente afectada por este tipo de acciones, y que el tipo de periodismo que hacen sus colegas, de denuncia, representa una práctica “muy valiente”.

“Ya en varias acciones me han expuesto mis datos. Han dicho cómo me muevo, dónde me muevo, dónde compro; han publicado hasta el acta de función de mi padre. La verdad es que el acoso ha sido muy muy grave”, comentó Gómez Villaseñor, y concluyó: “Tenemos que visibilizarlo, tenemos que hacer equipo, no operar de forma separada; juntarnos academia, periodistas y organizaciones, para visibilizar la situación”.

Silvia Ruiz, coordinadora de ecosistema informativo y tecnología de Artículo 19 —organización civil en favor de la libertad de prensa—, dio una dimensión diferente de la problemática con una preocupación que crece y que monitorean desde su organización. “Nos preocupa mucho el alza de acoso judicial”, pues de enero a julio de este año han documentado ya 51 casos.

Lo anterior se traduce en que hay 1 caso de acoso judicial a periodistas cada 4 días en el país.  Esta persecución se da por la vía civil, penal y administrativa, y los perpetradores, en la mayoría de los casos, son personas funcionarias publicas: 23 casos lo afirman así; del resto, 18 son particulares y 10, partidos políticos.

“Estamos viviendo un momento de decadencia para libertades fundamentales”. Y es que la ola de reformas que se ha visto en los últimos meses sugiere que “se va a normalizar esta censura legalizada”, pues son los primeros pisos de un cambio estructural que, hasta el momento, no sugiere contemplar al gremio periodístico ni la libertad de expresión de la ciudadanía. “El Estado se esta armando de este andamiaje para vigilar en lugar de que nosotras vigilemos”, advirtió.

El panel concluyó que, ante este panorama de vigilancia constante, las acciones conjuntas se vuelven pilares para garantizar un entorno de libre albedrío, donde la ciudadanía pueda generar y tener a su disposición herramientas que le ayuden a garantizar su seguridad y privacidad en cualquier ámbito de la vida.