Hacer frente a la crisis de violencia en todas sus aristas, tomar acción en el contexto de la emergencia climática actual y procurar la creación de políticas públicas que atiendan el fenómeno migratorio y el desplazamiento de personas, deberían ser ejes prioritarios en las agendas políticas de quienes buscarán un puesto de elección popular en 2024, afirmaron rectores de universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ).

En el marco de la trigésimo séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y de cara a un año electoral en donde habrán de definirse más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos nueve gubernaturas, 128 senadurías y 500 curules federales, además de la presidencia de la República, los rectores del ITESO y de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Puebla y León participaron en la mesa El desafío democrático de México en 2024: una reflexión desde las universidades jesuitas, en donde compartieron sus visiones en torno a las acciones que los próximos gobiernos deben emprender y cómo se puede abonar desde las instituciones educativas.

Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector de la IBERO Ciudad de México, señaló que es misión toral de las universidades ser foco de pensamiento crítico y actores relevantes en las conversaciones públicas, desde una perspectiva de debate razonado. En ese sentido, añadió que desde las universidades jesuitas se asume esa función en torno a “la reivindicación de la democracia, la defensa de los derechos humanos y el señalamiento para su corrección de las profundas desigualdades que afectan a sociedades como la nuestra”.

”Necesitamos algo más que la simple polarización, algo más que los eslóganes de campaña, algo más que la estigmatización del otro. Debemos reivindicar la posibilidad de coincidir en aquellas acciones y propuestas que conducen a un México más justo y menos violento”, apuntó el rector de la Ibero CDMX.

En tanto, Mario Patrón Sánchez, rector de la IBERO Puebla, acotó que las comunidades estudiantiles universitarias son parte del universo de 26 millones de personas entre 18 y 29 años del padrón electoral vigente para el 2024 —aproximadamente el 27 por ciento del padrón—, por lo que el campo de acción para las universidades es apremiante.

Sin embargo, consideró un reto importante para el trabajo con estas juventudes hacer frente a los indicadores: de acuerdo con información de la corporación Latinobarómetro, la democracia no es un elemento que la juventud priorice. Para muestra, mencionó que a nivel global “sólo el 57 por ciento de los jóvenes entre 18 y 35 consideran preferible la democracia en relación con gobiernos autoritarios o populistas, en tanto que 42 por ciento de los jóvenes apoyaría gobiernos de carácter militar”.

Seguridad

Los rectores coinciden: la militarización de la seguridad no es una opción viable para México.
Luis Arriaga Valenzuela, SJ insistió en la necesidad de que desde las contiendas electorales ya se esbocen propuestas muy concretas y viables para atender la crisis de seguridad, que vayan más allá de la coyuntura político electoral. Sin embargo, lamentó que hasta el momento se haya escuchado poco al respecto desde las incipientes campañas.

“Nuestra labor como instituciones de educación superior es señalar esas ausencias. El desafío es exigir que las personas que asuman una candidatura abracen el compromiso de establecer posturas claras con respecto a la violencia e inseguridad (…) y que esclarezcan su política sexenal en torno al tema de la seguridad pública”, mencionó. Temas para considerar serían el proceso de militarización de la seguridad pública, la falta de acceso a la justicia y la construcción de paces.

“Ha quedado demostrado que la militarización no es el camino a seguir para crear condiciones de paz en México, nuestra democracia. La seguridad es más que sacar soldados a las calles”, dijo.

En tanto, Luis Alfonso González Valencia, SJ, rector de la IBERO León, añadió que, a pesar de que uno de los factores que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue la promesa de cambio ante actitudes que daban pie a la militarización de la seguridad nacional, las acciones tomadas sólo exacerbaron estas prácticas.

Como ejemplos señaló el aumento de presupuestos para el ejército, la creación de la guardia nacional y el depósito de su liderazgo en manos militares, el decreto presidencial que extendió la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028, y la ausencia de reformas encaminadas a fortalecer y mejorar las policías estatales y municipales.

Advirtió que retomar una ruta clara de respeto a los derechos humanos desde las estrategias de seguridad no serán posibles sin un plan de regreso certero y progresivo de los militares a sus funciones constitucionales, acompañado de mecanismos de participación ciudadana y social para la construcción de fuerzas policiacas confiables.

Alexander Zatyrka Pacheco, SJ, rector del ITESO, apuntó que además de revertir la militarización de la seguridad, es imperativo promover una reforma del sistema judicial y accionar su correcta aplicación.

Aclaró que la militarización no se da únicamente con la presencia del ejército en las calles o con mandos militares en las fuerzas de seguridad, sino también desde la manera en que interactúan con la ciudadanía y el tipo de armas que utilizan, dejando atrás a esa persona cercana y que infundía respeto en la sociedad.

Patrón Sánchez, rector de la IBERO Puebla, señaló que México vive un momento de desolación en torno a la democracia. Retomó datos del Latinobarómetro para afirmar que “hay una crisis de legitimidad de democracia, acompañada de una crisis de legitimidad institucional”. Para muestra, que México es el tercer país con menor apoyo a la democracia y mayor apoyo al autoritarismo, con el respaldo del 33 por ciento de la población.

“Los gobiernos no están teniendo la capacidad de elaborar y ofrecer soluciones para los problemas que más preocupan a la ciudadanía: salvaguardar la seguridad ciudadana, garantizar la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, redistribuir la riqueza y cumplir con las demandas y promesas de un Estado democrático moderno”, apuntó.

Asimismo, apuntó que el contexto de polarización política y crispación social vigentes en el país abonan a estas crisis y que éstas se ven aún más acrecentadas por el próximo proceso electoral, en la que se teme pueda existir un alza en indicadores de violencia política.

Migración

En cuanto al fenómeno migratorio, Luis Alfonso González, de la IBERO León, señaló que la política mexicana en materia de migración habría de tener un enfoque humanitario y de protección a grupos vulnerables y trabajar principios de no discriminación y no criminalización de las personas en movilidad, así como de prevención de trata de personas. Todo ello sólo podría articularse desde la cooperación internacional, que además involucre las experiencias de las personas migrantes en la formulación de estas políticas para asegurar que sus derechos y necesidades sean adecuadamente abordados.

Arriaga Valenzuela urgió a que se trabajen políticas que cobijen el camino de los miles de personas migrantes que pasan y se quedan en México. Advirtió que la política migratoria que adopte Estados Unidos, también próximo a entrar a un proceso electoral para definir su administración presidencial, puede tener consecuencias lamentables si se retoma un enfoque xenofóbico.

Por ello, insistió en que es importante vincular las políticas de estado en materia migratoria y de seguridad, ya que, de no lograrse, “México seguirá funcionando como un país peligroso para las personas que emigran como un efectivo filtro que reduce el flujo migratorio hacia Estados Unidos”, dijo.

Por su parte, Alexander Paul Zatyrka Pacheco, SJ, rector del ITESO, señaló que las universidades jesuitas, en vinculación con el Servicio Jesuita de Refugiados, han hecho aportes importantes para entender las problemáticas más importantes del fenómeno migratorio. Asimismo, mencionó que es necesario visibilizar cada vez más la extraterritorialidad de las políticas migratorias, ante lo cual las universidades deben hacer propuestas concretas para evitar malas prácticas del gobierno mexicano. A ello se suma el acompañamiento y la concientización de la población ante los derechos de los migrantes.

Emergencia climática

Para todas las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, el cuidado de la casa común es una máxima que orienta nuestro proceder. Luis Alfonso González Valencia, SJ, rector de la Universidad Iberoamericana León, afirmó que el deterioro del medio ambiente tiene sus causas en la mercantilización de la vida, en donde lo económico amenaza el territorio y recursos naturales, deviniendo en crisis climática y conflictos sociales. Confió en que las soluciones más efectivas serán sólo posibles desde la colaboración y articulación de estrategias de gran calado con los esfuerzos individuales.

Coincidió el rector de la IBERO CDMX, quien recordó que los recientes estragos sucedidos en Acapulco por motivo del huracán Otis son evidencia de una emergencia climática que necesita atención inmediata por parte de gobiernos, academia, sociedad e iniciativa privada. “El desafío para la democracia mexicana es establecer medidas que puedan contrarrestar el cambio climático, aunque sea sólo a nivel nacional. Esto también debe tomar en cuenta la exigencia de generar alternativas sostenibles para satisfacer las necesidades productivas del país de modo responsable, sobre todo en relación con la producción de electricidad y el uso de combustibles fósiles”.

Alexander Zatyrka celebró que las universidades del SUJ sean referente por su compromiso con la sustentabilidad. “La gente ubica a las universidades como un espacio no solamente de pensamiento de vanguardia y seriedad, sino también universidades que asumen en su práctica cotidiana estos valores (…) Como SUJ, hemos tenido un énfasis fundamental en subrayar el cariño a nuestra patria y el compromiso por que se haga la patria que nos merecemos. Ojalá que sigamos dando estos espacios de formación que después redunden también en una buena influencia para nuestros estudiantes”.

Qué toca a las universidades

Zatyrka Pacheco señaló que, desde las universidades jesuitas, seguirá siendo menester contribuir a la transformación y mejora de la sociedad. Una estrategia para lograrlo puede ser que las universidades faciliten el involucramiento de la gente en los diferentes procesos que requieren su participación, como desde el ITESO se ha procurado en diferentes escenarios.

Asimismo, consideró fundamental que desde las universidades se defienda la presencia de la sociedad civil en todos los procesos democráticos, especialmente en aquellos relacionados en la rendición de cuentas. En ese sentido, señaló que el papel de las instituciones educativas ha sido importante, en un contexto donde el golpeteo político ha afectado a aquellas instituciones de la sociedad civil que velan por la transparencia.

“Las universidades tenemos la libertad y además la demanda de tener instancias que estudien todo esto. Desde el ITESO, por ejemplo, está Signa_Lab y otros esfuerzos que tratan de desenmascarar intenciones de ocultar la voz y el rol de la sociedad civil en la gobernanza del país y, sobre todo, en la rendición de cuentas”, dijo, a la vez que hizo mención del proyecto Entorno ITESO, como una estrategia para facilitar el involucramiento y la vinculación de las personas con su comunidad, tejiendo reyes de apoyo.

Por su parte, Mario Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, añadió que generar entornos de innovación democrática que promuevan nuevas formas de participación ciudadana en conjunto con las juventudes, así como repensar nuevas dinámicas de contraloría ciudadana y sistemas de contrapesos, son algunas de las formas clave en las que puede aportar la universidad.

Como retos urgentes, el rector de la IBERO Puebla insistió en prestar atención a los jóvenes, así como transitar de la polarización política a la instauración de un debate dialógico alrededor de propuestas concretas. Asimismo, llamó a garantizar espacios seguros para la expresión y ejercicio de candidaturas, además de impedir que el crimen organizado se involucre en el proceso electoral, ya sea desde la imposición de candidatos o de auspiciar el voto.

“Las universidades estamos llamadas a construir propuestas, ya sea con la creación de conocimiento, con pertinencia social o con programas de incidencia”, coincidió Luis Arriaga.