En seguimiento al trabajo colaborativo entre la IBERO Puebla y la UPAEP, tras la celebración de la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en Puebla, la Universidad Jesuita recibió la visita de la diputada federal de la LXVI Legislatura, Nadia Navarro Acevedo, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Irma Josefina Montiel Rodríguez, la directora de la organización Justicia Ciudadana, María Fernanda Diez Torres, y la profesora de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez.

El encuentro fue moderado por Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas e Innovación Democrática de la IBERO Puebla, y el estudiante de dicha carrera, Humberto Bedolla Figueroa. El joven participó a finales de septiembre en la audiencia pública realizada en el estado con la asistencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

De cara a la reforma electoral que se está discutiendo a nivel nacional, las panelistas coincidieron en la importancia de que los ajustes en esta arena sean resultado del diálogo y el mayor consenso no solo en el plano político, sino también del respaldo social.

En su intervención, la diputada Navarro, también presidenta del partido político local Pacto Social de Integración, reconoció la crisis de desconfianza que enfrentan los partidos políticos y subrayó la importancia de fortalecer las instituciones y el Estado de derecho. 

Los partidos políticos locales, señaló, contribuyen a la gobernabilidad y la legitimidad en el ejercicio del poder público, por lo que es necesario encontrar un nuevo equilibrio en la distribución de los recursos públicos que reciben. “Un congreso sin pluralidad se enferma de sordera”, expresó.

La magistrada Montiel, quien este año fue designada integrante del órgano jurisdiccional local en materia electoral, destacó la importancia de estas instituciones especializadas para la garantía de la justicia electoral a partir de las características diversas de cada entidad federativa. Toda reforma, sostuvo, debe ser progresiva y garantista, evitando vulnerar los derechos conquistados.

En el marco de la discusión pública que se ha abierto alrededor de la reforma electoral que propondrá el Poder Ejecutivo federal, Diez Torres apuntó que la participación ciudadana es vital para cuidar la democracia, lo que implica que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con más recursos. Aseguró que la participación electoral debe aumentar no por la obligatoriedad del voto, sino desde el convencimiento que surge de la cercanía con las autoridades y las instituciones.

Por su parte, la académica Claudia Ramón defendió el costo de las elecciones y los procesos administrativos asociados a ellas, el sentido de la representación proporcional y la existencia de los Organismos Púbicos Locales Electorales dada las particularidades y los contextos de cada estado. Al mismo tiempo, propuso revisar la implementación de las acciones afirmativas con la finalidad de cerrar la puerta a la simulación.

En su mensaje de cierre, el estudiante Humberto Bedolla Figueroa resaltó que las reformas electorales “no son procesos menores. Implican revisar las bases mismas de la representación política, de la justicia electoral y de la relación entre ciudadanía y poder público. Por eso, escuchar voces diversas, de la academia, del ámbito legislativo, del poder judicial y de la sociedad civil, resulta un ejercicio indispensable para asegurar que cualquier cambio legal se construya sobre consensos y sobre una comprensión integral de la realidad política del país”.